Internet en Cuba
Internet: una grieta en el régimen cubano
Abraham Jiménez Enoa
23 de septiembre de 2019
Al parecer, en el gobierno están temiendo una nueva revolución, una revolución virtual.
Un amigo me escribe un mensaje en WhatsApp: “¿Dónde estás? Necesito verte”. Media hora después, nos encontramos en una cafetería céntrica del barrio del Vedado, La Habana. Ha roto con su pareja tras una relación de casi cinco años. “Si vemos una película, está pendiente del teléfono. Si vamos a comer a un restaurante, no es capaz de dejar el teléfono boca abajo. Su vida es en el teléfono, tal parece que yo no existo y me cansé”, me cuenta, y yo no sé qué decir al respecto.
Echo un vistazo al costado y descubro a dos jóvenes que toman una cerveza en otra mesa. No se miran a los ojos, tienen la vista clavada en la pantalla de sus Smartphones, uno navega en Instagram y otro en Facebook. La escena es la imagen de estos tiempos en Cuba.
La isla es otra desde la llegada de internet. El acceso a la red está modificando la conducta de un país que por años estuvo enclaustrado en las lógicas importadas de la extinta Unión Soviética y que ahora está viviendo una paulatina desintegración de su sistema. Al muro de concreto que aislaba a Cuba del resto del mundo, poco a poco, le han salido grietas.
Todo comenzó en 2008, cuando Raúl Castro asumió de manera oficial la presidencia de la nación luego de dos años de mandato interino. En 2006, una enfermedad intestinal había obligado a Fidel Castro, después de 49 años en el poder, a abandonar todos sus cargos políticos y depositarlos en los hombros de su hermano menor que, una vez que asumió el puesto, implementó una serie de reformas socioeconómicas que le cambiaron la fisionomía al país.
El paquete de modificaciones comprendió que los cubanos pudieran comprarse casas y carros, y que accedieran a pasar vacaciones en los hoteles de la isla, ya que antes ese servicio solo estaba destinado al turismo foráneo. También abrió la posibilidad de instaurar negocios privados en la nación y admitió que los ciudadanos viajaran al extranjero. Tres años antes de entregar la silla presidencial a Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro ejecutó la última reforma trascendental de su mandato: otorgarle acceso a internet a un país que en 2015 aún no lo tenía.
Desde entonces y hasta la fecha, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), el gobierno instaló 1.400 zonas públicas con conexión wifi; desarrolló el programa “Nauta Hogar”, con el que le dio acceso a la red a 70.400 hogares de los 3.8 millones de todo el país y desde diciembre pasado instauró la tecnología 3G, a la que han accedido 2.5 millones de personas.
“We Are Social”, una agencia británica dedicada al análisis de las tendencias digitales, publicó un informe que revela que el 56 % de los 11.2 millones de cubanos se encuentra ya conectado a la red. Sus cifras, publicadas en 2018, reportan el crecimiento porcentual de habitantes conectados en Cuba como la decimosexta mayor progresión de una nación el pasado año.
La isla es otra desde la llegada de internet. Al muro de concreto que aislaba a Cuba del resto del mundo, poco a poco, le han salido grietas. / Fotografía: Flickr, jauretsi.
Después del triunfo de la Revolución cubana en 1959, en la isla imperó un régimen totalitario basado en doctrinas estalinistas que enjuició y condenó el pensamiento y las ideologías diferentes al sistema impuesto.
El internet en Cuba, contrario a lo que presagió el gobierno, ha venido a reconfigurar la sociedad al otorgarle la posibilidad de expresarse libremente en sus plataformas.
Tuvieron que pasar casi 60 años para que los ciudadanos cubanos lograran empoderarse y alzar la voz y esto sucedió gracias a la masificación de internet. Desde el espacio virtual cubano emergió una narrativa alterna a la voz oficialista establecida por años, y poco a poco, la inconformidad ha ido saliendo de lo virtual hacia la vida real.
El primer síntoma sucedió en enero, cuando un devastador tornado arrasó con cuatro municipios de La Habana y dejó un saldo de siete muertos, 200 lesionados y miles de derrumbes parciales y totales. Los habaneros no esperaron a que el gobierno lanzara una estrategia para atacar la emergencia; las imágenes y los reclamos en las redes sociales fueron tan potentes, que la ciudadanía se volcó a las calles para ayudar a los damnificados.
Luego vino el referendo constitucional que se celebró en febrero. A 43 años de la aprobación de la anterior Carta Magna, 7,8 millones de cubanos acudieron al llamado de las urnas. Entre ellos, se contaron más de un millón de ciudadanos que votaron “ no” a la constitución, anularon su voto, o lo dejaron en blanco. Las cifras de desacuerdo fueron inéditas.
En 1976 el texto constitucional había sido aprobado con 97.7 por ciento de los electores; esta vez el “sí” descendió hasta el 86,8 por ciento. El motivo: una campaña a favor del “no” inundó las redes sociales los meses precedentes a la votación.
La mayoría de los votantes en contra de la nueva Constitución se oponen a que se siga reconociendo al Partido Comunista como “la fuerza dirigente superior de la sociedad” y a que muchos principios constitucionales sigan supeditados a la discrecionalidad del poder, además de que derechos fundamentales como las libertades de prensa, sindicación y asociación política, siguen sin respetarse.
Según el informe de “We Are Social”, en Cuba prácticamente todos sus usuarios de internet están vinculados a alguna de las redes sociales. Por ello, las convocatorias que se han gestado en ellas han sido tan eficaces.
De esta manera, varios grupos independientes al Estado lograron organizarse en marzo para limpiar espacios públicos y naturales, en un movimiento al que denominaron #Trashchallenge. Un mes después, cientos de personas se reunieron y marcharon en abril para expresar su desacuerdo con el maltrato a los animales y exigir una ley que regule su protección.
Según el informe de “We Are Social”, en Cuba prácticamente todos sus usuarios de internet están vinculados a alguna de las redes sociales. Por ello, las convocatorias que se han gestado en ellas han sido tan eficaces. / Fotografía cortesía del autor.
De las redes sociales también nació la convocatoria para la marcha del 11 de mayo, fecha en que se había programado la acostumbrada “Conga contra la homofobia”, el evento cumbre dentro de la jornada nacional que realiza el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) para celebrar el día mundial de la lucha contra la homofobia. Pero, a diferencia de los doce años anteriores, esta vez la conga fue suspendida por el gobierno.
En un comunicado de prensa cargado de ambigüedad, el CENESEX, dijo que la cancelación se debía a “la coyuntura que está viviendo el país” y “determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso”. La comunidad LGBTI decidió no acatar la orden central y celebrar a cualquier precio, pero quienes salieron a la calle a reclamar sus derechos, terminaron sometidos a una brutal represión policial.
Rostros ensangrentados, policías vestidos de civiles estrangulando a manifestantes, gente encarcelada… Esas fueron algunas de las postales de la que de otro modo habría sido una pacífica marcha y que se expandieron como pólvora en internet.
En junio, Twitter se volvió un avispero. Los usuarios de esa red se organizaron durante varias semanas y mostraron su inconformidad con los altos precios y la lentitud del servicio de internet que ofrece ETECSA, la única empresa de telecomunicaciones del país. Bajo la etiqueta #BajenlosPreciosDeInternet la ciudadanía virtual le exigió al gobierno una rebaja, pues una hora de internet en Cuba vale un dólar y el salario medio mensual oscila los 50 dólares.
Ante este panorama, el gobierno temió que la situación siguiera saliendo de su control. Por ello, en julio, dictó una serie de leyes que buscan “elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y la defensa nacional” y “contrarrestar las agresiones cibernéticas”.
Las regulaciones penalizan a los usuarios por “difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Además se prohibió “hospedar un sitio en servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio nacional”.
El objetivo fundamental de las normas es expandir el control estatal al universo digital. Ante esta medida, todos los medios de prensa independientes y blogs que han florecido en la última década en la isla, quedan en la ilegalidad. A partir de ahora la violación de estas leyes vendrá acompañada de multas que ascienden hasta los 50 dólares.
Meses antes de la entrada en vigor de estas medidas, Ulises Rosales, un General de División de 77 años, que hasta hace unas semanas fue vicepresidente del país, tuvo la sinceridad o el desliz, no se sabe a ciencia cierta, de publicar lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Con las nuevas tecnologías ya pasó la etapa en que éramos los dueños de la noticia”. Una nostálgica alusión a los tiempos en que, a golpe de secuestrar la verdad de un país, el gobierno imponía una realidad transfigurada.
Poco después, durante el mes de agosto, un centenar de usuarios de SNet, una suerte de Internet offline que desde hace casi una década interconecta, de manera independiente, a miles de personas en La Habana, se reunieron ante la sede del Ministerio de Comunicaciones para manifestar su desacuerdo con las resoluciones que proscriben definitivamente las redes inalámbricas locales.
Esta cronología de hechos hubiera sido impensada en una Cuba sin internet. La red ha fortalecido el disenso en la isla y dotado a la ciudadanía de herramientas para manifestar sus discrepancias con el régimen, un sistema político que, ante la tecnología, se muestra endeble y delata sus agujeros.
Contrario a lo que seguramente presagiaron, el gobierno cubano se ha dado un tiro en el pie brindándole el acceso a la red a sus ciudadanos. Es por ello, quizás, que Ernesto Rodríguez, viceministro de Comunicaciones, declaró: “No sirve de nada proporcionar servicio de internet a aquellos que no saben cómo distinguir entre lo que es útil y lo que es dañino; no todo en internet es bueno”. Al parecer, en el gobierno están temiendo una nueva revolución, una revolución virtual.
Abraham Jiménez Enoa es periodista. En 2016 fundó junto a varios amigos El Estornudo, la primera revista digital de periodismo narrativo hecha desde Cuba. Hoy, tras volverse incómoda al régimen, ya no puede leerse desde la isla pero sigue adelante a modo de guerrilla internacional, con colaboradores en varias partes de Cuba y del mundo. Por decisión del Ministerio del Interior, Abraham tiene prohibido salir del país hasta el año 2021 y escribe desde su isla para medios de varios países a pesar de su lento y costoso servicio de internet.
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