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UN HAMPÓN EN LA PRESIDENCIA
La reunión secreta de Gustavo Petro con el abogado de Papá Pitufo
El presidente, que hoy niega cualquier vínculo con el mayor contrabandista de Colombia, fue quien primero le abrió la puerta. Mucho antes de que alguno de sus funcionarios se reuniera en secreto con emisarios de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, Gustavo Petro se sentó con el abogado del llamado “zar del contrabando”. CAMBIO revela esa reunión, hasta ahora mantenida en reserva.
Sylvia Charry
19 de abril de 2026
La historia de los acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’ o el zar del contrabando en Colombia, se ha contado a medias. La reconstrucción completa muestra que el propio presidente fue quien inició el contacto entre las partes. Antes de que existieran los viajes, reuniones, audios y ofrecimientos conocidos por la opinión pública, hubo una reunión —hasta hoy inédita— en la que Petro se sentó con el abogado de Marín. De ese encuentro salió una decisión concreta —abrir un canal— que, meses después, se convirtió en una cadena de contactos que hoy está bajo escrutinio público y la lupa de las autoridades. CAMBIO revela los hechos.
El 6 de abril de 2026, un día después de que Noticias Caracol revelara los audios de las reuniones que sostuvieron el jefe de la inteligencia del Estado, Jorge Lemus, y el abogado de Diego Marín, Luis Felipe Ramírez, el presidente Gustavo Petro publicó en X un hilo extenso. “Yo no tengo ningún trato con él que no sea que se siente a declarar ante la justicia y se someta a ella y declare la verdad”, decía uno de sus mensajes. Esa afirmación es, por lo menos, incompleta. Antes de que cualquiera de sus subordinados se reuniera con emisarios de Diego Marín fue el propio presidente quien se sentó con Gonzalo Boye Tuset —el abogado europeo del contrabandista— en una reunión a la que también asistió Ramón Devesa, el español que había servido de primer enlace entre el entorno del mandatario y el zar del contrabando. Petro no se reunió directamente con él, pero sí con su representante legal más poderoso.
Para entender cómo terminó el presidente reunido con el abogado del hombre que él mismo ha señalado como el mayor contrabandista del país, hay que situarse a principios de 2024. La Fiscalía llevaba meses infiltrando la red de Diego Marín. El 13 de marzo emitió órdenes de captura contra los cabecillas de la estructura. Todo apuntaba a un golpe definitivo. El 5 de abril, Pitufo fue capturado en España y Petro lo celebró en sus redes. Pero mientras el país miraba hacia España, el gobierno ya había puesto en marcha un plan que se mantendría oculto hasta mucho después.
Gonzalo Boye Tuset fue el abogado de confianza de Diego Marin en España desde el primer momento. El defensor estableció múltiples contactos con Colombia a través de su amigo Xavier Vendrell, el asesor catalán cercano al presidente Petro y a su esposa, Verónica Alcocer. Vendrell y Boye vienen del mismo mundo independentista catalán. Durante el gobierno de Iván Duque, Boye tenía una restricción migratoria para ingresar a Colombia. Sin embargo, al llegar Petro al poder, esa restricción desapareció temporalmente, al menos entre 2023 y 2024. Luego, como se conoció públicamente, en 2025, cuando Boye trató de ingresar al país, ya no pudo hacerlo por “razones de soberanía”.
La reunión entre el presidente Petro, Boye y Devesa
CAMBIO estableció que la primera reunión de esta historia ocurrió el 16 de mayo de 2024, días después de la captura de Diego Marín en España, cuando ya había sido dejado en libertad pero seguía prófugo de la justicia colombiana. En esa fecha, el presidente Gustavo Petro asistía ese día a un evento de la Reforma Agraria en el hotel Tequendama, en el centro de Bogotá. Al mediodía, en un salón privado del mismo hotel, se sentó con Gonzalo Boye Tuset, el abogado europeo de Diego Marín, y con Ramón Devesa, el experto en ciberseguridad español que desde la campaña de 2022 hacía parte del círculo de confianza del mandatario. La reunión duró una hora. Uno de los temas fue Diego Marín. Petro manifestó su interés en que el contrabandista llegara a Colombia y contara todo lo que sabía sobre corrupción. En la conversación salió a relucir que este gobierno no era ajeno a lo que, durante décadas, viene pasando con el “control” del contrabando.
Al terminar la reunión, Petro anunció que autorizaría a uno de sus funcionarios para que viajara a España a verse con Marín con el propósito de recolectar información.
Tras el encuentro, Petro le dio la orden a Laura Sarabia, entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia —DAPRE—, de formalizar la comisión al exterior. En otras palabras, el canal que el exdirector del DNI, Jorge Lemus, ha negado tantas veces, sí lo abrió el presidente. Lemus ha dicho en 6AM W de Caracol Radio que no han encontrado la misión de trabajo de Beltrán a España y que el presidente no lo autorizó. Dijo, además, en entrevista con ese medio, que denunció a Beltrán por usurpación de funciones.
Es poco creíble que el presidente se haya sentado con el abogado Boye y con Devesa y que, coincidentalmente, semanas después, Devesa haya viajado a España con Isaac De León Beltrán, asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero —UIAF—, a reunirse con el abogado y su cliente, Diego Marín, y que eso no hubiera sido autorizado por Gustavo Petro.
No es todo. CAMBIO tiene en su poder una foto del correo electrónico que enviaron funcionarios del Ministerio de Hacienda a una funcionaria de la presidencia de la República, que demuestra que se había autorizado una comisión a Madrid, España, para Isaac Beltrán del 31 de mayo al 3 de junio. De ser cierto, Lemus podría haber incurrido en el delito de falsa denuncia.
Foto de la comisión de Isaac Beltrán a Madrid
Como estaba previsto, Isaac Beltrán viajó a España acompañado de Ramón Devesa. Era el emisario que el presidente había elegido. Beltrán lo dijo en una carta al periodista Julio Sánchez Cristo: “El señor Presidente de la República autorizó esta misión de inteligencia financiera con el fin de entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España”.
El 2 de junio, en Madrid, Beltrán y Devesa se sentaron frente a Marín y su abogado Boye. El mensaje del gobierno fue claro: el Estado le ofrecía garantías de seguridad a Diego Marín si se entregaba a la justicia colombiana y compartía información sobre corrupción. Lo que Beltrán trajo de regreso fue mucho más de lo que el gobierno esperaba.
Diego Marín habló del contrabando y de la corrupción en los puertos. Dijo, además, que la campaña de Petro había sido infiltrada y que sus tentáculos ya rozaban a personas cercanas al presidente y a funcionarios del Gobierno. Para entonces, el Ejecutivo ya conocía una pieza clave de esa trama: 500 millones de pesos en efectivo, como reveló CAMBIO. Aquí puede leer más sobre esa historia. Beltrán recolectó toda la información con el propósito de elaborar un informe de inteligencia.
Un par de meses después de esa reunión, Marín también se fugó de la justicia española, que lo había dejado en libre, pero con restricciones de movilidad. Sin embargo, los diálogos entre el gobierno y Pitufo lejos de detenerse se trasladaron a Bogotá.
La tercera reunión entre el gobierno y emisarios de Diego Marín ocurrió en septiembre de 2024, en un hotel del centro de Bogotá. Beltrán se sentó con Luis Felipe Ramírez Ospina, el abogado colombiano de Diego Marín. También estuvieron un ingeniero que servía de puente entre ellos y un hijo del contrabandista. Los temas eran los mismos de Madrid: información sobre la red, vínculos con el Estado y garantías de seguridad. La Fiscalía seguía sin saber que todo esto ocurría. Cinco días después de esa reunión, el general Heiner Puentes, director de la Polfa nombrado por el general William Salamanca, fue llamado a calificar servicios. Salió sin ruido, pero meses después llegó una compulsa de copias en su contra que lo relacionaba con la red de Diego Marín.
La cuarta reunión se dio el 7 de octubre de 2024. Beltrán y Ramírez volvieron a verse. La confianza del lado de Marín seguía erosionándose: la Fiscalía no avanzaba lo suficiente contra los miembros de la red y varios policías señalados en el expediente seguían activos. La información, sin embargo, seguía fluyendo hacia el gobierno.
Finalmente, la última reunión entre Isaac Beltrán y el abogado Ramírez ocurrió el 26 de noviembre de 2024. Fue la más sólida de todas. Salieron juntos, a pie, de un hotel en el centro hacia la sede de la UIAF. Allí los esperaba Liliana Ortiz, asesora del entonces director de la entidad, Luis Eduardo Llinás, y enlace de esa entidad con la Fiscalía. En febrero de este año, Liliana Ortiz fue nombrada directora de Delitos Fiscales de la Fiscalía.
En todo caso, los asistentes a la reunión procesaron la información que Ramírez traía en nombre de Marín y elaboraron un informe de inteligencia: la red de contrabando, generales señalados de corrupción, vínculos con el Estado. Firmaron un acta. El informe llegó al presidente Petro. Días después, Ortiz, Beltrán y Llinás se trasladaron a la Fiscalía General de la Nación para reunirse con la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. Toda esa información le fue presentada de manera oral. Sin documentos. Sin acta. Sin registro de lo que se dijo.
Vale la pena recordar que, aunque Isaac Beltrán dijo públicamente que los resultados de inteligencia se le habían entregado a la fiscal Camargo, ella dijo en 6AM W que nunca supo de las reuniones de funcionarios del gobierno con Diego Marín y que tampoco recibió información al respecto.
“Nosotros no lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados jamás de que ese contacto se hubiese realizado, ni de qué resultado, ni de qué se había hablado ni absolutamente nada. Es un abuso de función, es decir, están usurpando funciones que no son de la UIAF, todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía”, concluyó.
Días después, el 3 de diciembre, Diego Marín fue recapturado en Oporto, Portugal. El gobierno celebró y las reuniones continuaron, aunque el emisario del presidente cambió por razones que, hasta la fecha, se desconocen. Aunque Petro ha dejado un manto de duda sobre esos acercamientos.
A través de una persona desconocida, que sirvió de puente entre Diego Marín y el gobierno, contactaron al abogado Ramírez y lo citaron en un hotel del centro de Bogotá. Allí lo esperaba un periodista. Tiempo después, ese comunicador condujo a Ramírez hasta la sede de la DNI y lo presentó con Jorge Arturo Lemus, encargado de la entidad desde agosto de 2024 tras la salida de Carlos Ramón González, salpicado por el escándalo de la UNGRD. Lemus no era un desconocido en esta historia: se había formado en seguridad con Devesa desde la campaña y había estado al tanto, desde el inicio, del episodio de los 500 millones. “Este es el delegado del gobierno para estos acercamientos”, le dijo el periodista a Ramírez. Y se fue. Quedaron Lemus y el abogado solos.
El 10 de febrero de 2025, el general William René Salamanca entregó el cargo de director de la Policía Nacional, que ocupaba desde mayo de 2023. Dos semanas después ocurrió la séptima reunión, que duró una hora y cincuenta minutos y fue grabada. Lemus, entonces encargado de la inteligencia del Estado, ofreció a través del abogado Ramírez beneficios judiciales y garantías de seguridad a Pitufo, e insinuó que el caso podría encuadrarse en la Paz Total. “Que el hombre venga y hable contra quien se le dé la puta gana”, dijo. El abogado respondió con la advertencia que pesa más que cualquier argumento jurídico: si Pitufo habla de todo, “apague y vámonos”. El 3 de marzo de 2025, Petro posesionó a Lemus como director en propiedad de la DNI. El 6 de marzo fue la octava reunión, también grabada, de veinte minutos. En ella, Lemus reveló que se había reunido personalmente con Diego Marín dos veces. Dijo que le tenía “estima”. No fue la única reunión que sostuvieron.
Fuentes aseguraron a CAMBIO que Ramírez y Lemus se vieron al menos dos veces más para lo mismo. Sin embargo, nunca llegaron a nada.
Jorge Lemus. Foto: Colprensa
Hubo una ruptura de ese canal que fue evidente. El 24 de junio de 2025, en el vuelo de Iberia de las 3:40 de la tarde procedente de Madrid, venía Gonzalo Boye. El mismo abogado con el que el presidente se había reunido. El mismo que había estado en Madrid cuando Beltrán transmitió las garantías del gobierno a Diego Marín. En el aeropuerto El Dorado lo esperaba una inadmisión por razones de soberanía. El acta fue firmada por el oficial de Migración Colombia Mauricio Castellanos, un representante de Iberia, el director regional de la entidad y el propio Boye. Debía regresar en el mismo avión. El gobierno que lo había dejado entrar, que se había reunido con él en la Casa de Nariño, que había enviado un emisario a Madrid para sentarse frente a él, ahora le cerraba la puerta.
Todos estos encuentros, por fuera de la justicia, se conocieron cuando el Reporte Coronell reveló las reuniones de Isaac Beltrán y Jorge Lemus. El contenido se hizo público el pasado 5 de abril de 2026, cuando Noticias Caracol publicó los audios de las reuniones entre Lemus y el abogado de Marín. Al día siguiente, Petro publicó en X lo que el país leyó como una defensa. Reconoció que Marín “infiltró el DNI, sin duda y en mi gobierno”. Dijo que los agentes que lo contactaron “pedían dinero por codicia” y que “el intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos”. Y escribió la frase que esta investigación contradice directamente: “Yo no tengo ningún trato con él que no sea que se siente a declarar ante la justicia”.
Las fuentes del proceso que consultó CAMBIO cuentan otra historia. El primer trato no fue de sus subordinados sino suyo. Fue una reunión en el hotel Tequendama, en un salón privado, a mediodía. El presidente se sentó con Gonzalo Boye, el abogado europeo de Diego Marín. Un hombre que el presidente recibió, conoció y con quien habló antes de instruir a Sarabia para que autorizara la comisión a Madrid.
Hay una forma de leer toda esta historia que va más allá de los audios y las reuniones secretas. Es la historia de un gobierno que construyó sus canales con el entorno del denominado mayor contrabandista del país usando, sistemáticamente, a los mismos hombres que habían estado en el centro del problema desde el principio. Todo por fuera de la justicia.
Es necesario recordar que Ramón Devesa —primer puente entre Diego Marín y el gobierno— fue quien, según lo que el exdirector de la DIAN Luis Carlos Reyes le dijo a la Corte Suprema de Justicia, recomendó nombrar a Gladys Reina Villavicencio como directora de la Aduana de Buenaventura, el puerto más estratégico del país para el contrabando y el mismo que Pitufo controlaba. Esa hoja de vida llegó a Reyes a través de Laura Sarabia como una orden presidencial. Y luego el propio presidente Petro se lo ratificó a través de un mensaje de chat. La Corte Suprema ya pidió investigarlo por eso.
Poco después de llegar al puerto, Gladys Reina Villavicencio designó como director de operaciones de la Aduana en Buenaventura a John Freddy Restrepo Toro, el mismo funcionario que había sido recomendado inicialmente por Juan Fernando Petro y César Augusto Valencia —aliado de Diego Marín— y que Luis Carlos Reyes no había querido nombrar.
El país ha conocido de los múltiples acercamientos entre Diego Marín y el gobierno de Gustavo Petro gracias a las revelaciones de la prensa. Siempre que en los medios se registra información que muestra cercanía o coordinación entre el zar del contrabando y el Palacio de Nariño, la defensa del presidente y sus funcionarios ha sido que su única intención es lograr que Marín vuelva al país y cuente la verdad. Esa versión es cada vez más difícil de creer. Tras diez reuniones, el contrabandista sigue libre y sin responder ante la justicia colombiana. Además, no se conocen mayores avances de la investigación penal. Fuentes cercanas al proceso le advirtieron a CAMBIO su preocupación sobre lo que empezaría a verse, no como una estrategia para llegar a la verdad, sino como un sofisticado mecanismo diseñado desde el gobierno para controlarla. Hoy eso no suena descabellado. Lo único cierto es que, como dijo la fiscal general, negociar beneficios por debajo de cuerda y sin piso jurídico con un prófugo de la justicia no hace parte de las funciones del gobierno.
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