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| Los siete limpiaparabrisas ejecutados. / LA VOZ DE MICHOACÁN |
Catorce muertos en un fin de semana sangriento en México
Siete policías federales son acribillados en un bar de Guerrero y otros siete hombres reciben un tiro de gracia en Michoacán
Por Juan Diego Quesada
El País, 23 de marzo de 2013
Una nueva jornada de violencia en México se saldó este sábado con 14 personas asesinadas. El suceso más macabro corresponde al de siete hombres, entre ellos un menor de edad, que fueron ejecutados con un tiro de gracia y sus cuerpos fueron colocados de madrugada en sillas de plástico dejadas en mitad la glorieta de una avenida de la ciudad de Uruapan, en Michoacán. A la vista de todo el mundo.
Los asesinos taparon los cuerpos con cobijas y cartulinas en las que el había escrito mensajes para las autoridades. Algunos tenían las notas clavadas con picahielos en el pecho. Las víctimas oscilan ente los 25 y 35 años de edad, y se dedicaban a pedir limosna y limpiar los parabrisas de los coches que cruzaban esa misma zona, según recoge la prensa local.
Los chicos, que estaban atados de pies y manos, habían sido ejecutados allí mismo. Los policías recogieron los casquillos que había en los alrededores. Los primeros en toparse con los cadáveres fueron los conductores que a las cuatro de la mañana cruzaban la avenida y echaban mano al celular para llamar horrorizados al teléfono de emergencias. La imagen hbla por sí sola.
También de madrugada, en Ciudad Altamirano, en el estado de Guerrero, una de las zonas más pobres y violentas del país junto a la Comarca Lagunera, siete policías federales fueron acribillados en Las Vegas, un bar de la zona, de acuerdo a la versión de las autoridades. No hace ni una semana que unos sicarios entraron a sangre y fuego en Las Nenas, un antro de Acapulco y asesinaron a diez clientes.
Esta vez los asaltantes entraron al local y sin mediar palabra abrieron fuego contra los agentes, que pese a que iban armados no les dio tiempo a desenfundar. El comando lanzó varias ráfagas de balas con armas de asalto y se fue a toda prisa a bordo de varias camionetas.
La guerra contra el crimen organizado que emprendió el Gobierno de Felipe Calderón hace seis años ha dejado más de 70.000 muertos. Los tres primeros meses como presidente de Enrique Peña Nieto se llenaron igualmente de plomo: más de 3.100 muertos.
Acabar con oleadas de violencia como la de este fin de semana es el principal objetivo de Peña Nieto, que sabe que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los mexicanos. El presidente promulgó nada más llegar una ley de víctimas, los grandes olvidados en todo este asunto, y regionalizó la lucha contra el crimen organizado para acabar con el disparatado índice de asesinatos, secuestros y extorsiones que azota al país.
Al conocer el asesinato de los limpiaparabrisas, el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Jesús Reyna, pidió a la prensa no magnificar el caso. "Son hechos violentos, aislados, perpetrados por el narcotráfico", dijo. Para Reyna, a día de hoy, "es imposible brindar seguridad a todos y cada uno de los ciudadanos" pero aseguró que la seguridad de los turistas que visiten el estado la tienen garantizada.
A continuación, insistió en que es necesario "contextualizar" el asunto para no crear alarma social. Este tipo de declaraciones son comunes entre los dirigentes y transmiten un mensaje que en México muchos consideran perverso: se criminaliza a la víctima porque se le presupone vinculada de alguna manera a su verdugo.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/23/actualidad/1364069637_982617.html
Acapulco: sol, playa y violencia
La emblemática ciudad turística se resiente por la violencia que impera en Guerrero
Por Paula Chouza
Acapulco, 23 de marzo de 2013
Acapulco está lleno de cruces: casi en cada esquina de la zona urbana, a ambos lados de las carreteras que unen los poblados del municipio, frente a un comercio o junto a las comisarías. Cada una de ellas recuerda a un muerto, alguien que perdió la vida de forma violenta en el lugar exacto donde hoy se le reza. A veces los cuerpos tiroteados y mutilados están a la vista, por donde pasan los coches, otras hay que desviarse por caminos de tierra y andar unos metros sobre la hierba para encontrarlos. “En esta zona se hallan víctimas continuamente”, señala el fotógrafo Bernardino Hernández, corresponsal de la Agencia Cuartoscuro, mientras busca el lugar en el que han localizado el primer cadáver del día. Se trata de un área apartada, entre los poblados de El Salto y San Isidro Gallinero, en el interior del valle, a unos veinte minutos en coche de la Costera, la avenida donde se encuentra el Acapulco turístico, con los mejores hoteles en primera línea de playa. Allí, en el que fuera refugio vacacional de artistas de Hollywood a mediados de siglo XX, la presencia policial es continua y aun así los visitantes sufren con frecuencia asaltos, robos e incluso asesinatos.
Tras la violación de seis españolas el pasado febrero el Gobierno de Madrid decidió incluir al Estado de Guerrero en la lista de zonas de alto riesgo a las que recomienda no viajar. Al convertirse el crimen en un escándalo internacional hubo una gran movilización para resolver el caso, que hoy está cerrado con la detención de los seis autores confesos. Sin embargo, pocos días después otro turista belga fue asesinado y unas semanas más tarde, dos canadienses sufrieron un atraco. No en balde, en todo Guerrero hubo el año pasado 15.135 robos, 2.754 homicidios, 75 secuestros y 351 violaciones. La anulación de las reservas de 500 estadounidenses para su descanso de primavera –unos días antes de Semana Santa-, ha hecho poner las esperanzas del sector para los próximos días en el turismo nacional, principal fuente de ingresos de esta industria gracias a la proximidad de Acapulco con la Ciudad de México, Puebla o Querétaro. A mediados del mes de marzo, la ocupación hotelera en la urbe rondaba el 50%, según los datos oficiales.
Unos días antes de las vacaciones, los 950 alumnos de bachillerato de una escuela municipal toman clases en un polideportivo. Hace 15 días secuestraron a un profesor y a su sobrina a la entrada del centro. Ocho días después sus cuerpos aparecieron muy cerca del colegio, emplazado en una parte alta de Acapulco, aislada del bullicio de la ciudad. Desde entonces, los alumnos estudian al aire libre. Cada grupo se organiza en torno a una mesa grande o recibe las lecciones sentado en las gradas del estadio de béisbol. Ni los padres ni los maestros quieren volver a las aulas. “Esto está peor que Colombia”, dice una madre que no quiere hablar por temor. El portavoz de los profesores, Ángel Pérez Brito, asegura que esperarán a después de las fiestas para tomar una decisión. Ellos piden que los reubiquen en una zona más poblada donde pueda haber vigilancia.
“Que tenemos problemas de violencia es cierto, lo reconocemos, pero estamos trabajando para salir adelante y en poco tiempo va a haber una mejor seguridad”, afirma el presidente municipal, Luis Walton. “Aquí hay dos frentes. La violencia y el problema social. No se puede resolver uno sin el otro. Estamos hablando de dos Acapulcos con realidades muy distintas: el Acapulco turístico y el de las colonias. Debemos garantizar seguridad en ambos”.
Para descubrir esa otra realidad no hace falta caminar más de cinco calles desde la avenida principal del puerto. De la fachada de la Secretaría de Protección y Vialidad municipal todavía cuelga un crespón. Allí mismo mataron a un agente hace pocas semanas. Ahora los policías se esconden detrás de una puerta que solo abren para permitir la entrada y salida del personal. Dos camiones destartalados pero aún en circulación, vehículos oficiales del cuerpo, reposan en la calle haciendo guardia.
El padre Mendoza, sacerdote de la colonia La Laja, a cinco minutos en coche de la costa, asegura que las expresiones de violencia para el común de los acapulqueños son constantes desde 2005. En esta época el cartel de los hermanos Beltran-Leyva se descompuso y afloraron distintas bandas de narcotraficantes. Esta tarde celebra una misa por dos vecinos secuestrados y asesinados hace nueve días. “Ellos viven en esta realidad permanentemente. Hay un miedo colectivo. Aquí lo que han aumentado son otro tipo de formas de violencia menos mediáticas, como secuestros y extorsiones”, asegura. En este sentido, la escritora Iris García Cuevas, autora de la novela 36 toneladas –sobre el crimen organizado- y natural de Acapulco, reconoce que ahora los ataques afectan más a la sociedad civil y son menos espectaculares. “Antes se mataban entre ellos, temías estar en el lugar equivocado y que te tocara una bala perdida en medio de una persecución aparatosa”.
Pese a la puesta en marcha en octubre de 2011 del plan Guerrero Seguro destinado a fortalecer la vigilancia, después del mediodía en barrios periféricos como Zapata o Sinaí no hay casi policía guardando las calles. Cuando uno se adentra en estos poblados debe hacerlo con los vidrios bajados: “Aquí se ve quién no es del pueblo, así que mejor ir de frente”, asegura el fotógrafo Hernández. En la avenida principal, la mitad de los comercios-un centenar de ellos- están cerrados. A muchos de sus dueños los mataron por no pagar cuota. El rastro de las balas se refleja en las fachadas de muchas casas de la colonia, compuesta en su mayoría por edificios de dos o tres plantas y viviendas unifamiliares muy viejas. “El ambiente está más tranquilo ahora, hace unos meses era peor, podía haber de 2 a 4 homicidios diarios”, asegura un agente de la policía ministerial.
La presidenta de la organización de víctimas Causa en Común, María Elena Morera, considera que el problema de Acapulco y de todo el Estado de Guerrero es estructural. “La falta de atención completa de sus gobernadores ha llevado a problemas de pobreza, violencia interna, falta de educación y bajas tasas de empleo. Todo esto conduce a la delincuencia”. La escritora Iris García es también presidenta del Patronato Teatro Domingo Soler, que organiza talleres de literatura y teatro para dar a la gente la oportunidad “de reinterpretar la realidad a través de la actividad artística”. Se trata de una forma de crear tejido social. “Por primera vez el Ayuntamiento destina 14 millones a Cultura y otros 12 a Deportes”, dice.
En 2011 Acapulco perdió también el Tianguis (Feria) Turístico. El Gobierno de Calderón decidió convertir el evento en itinerante, condicionando su vuelta a la existencia de un cuerpo policial depurado. “Hay 17.000 policías en Guerrero, de esos, solo 5.200 han sido evaluados. La mayor parte no están profesionalizados. Para ser agente o trabajar en la fiscalía no se exigen requisitos”, asegura la presidenta de Causa en Común. El alcalde Walton ha admitido públicamente que debe despedir a más de 500 municipales que suspendieron el examen de calidad y confianza el año pasado, pero para ello necesita que el Gobierno de Peña Nieto le preste unos 80 millones de pesos- 6,4 millones de dólares- para indemnizarlos. Mientras, el regidor defiende que Acapulco saldrá a flote. “No hay lugar tan bonito, ni bahía que se le parezca”, dice, “por la belleza natural, la temperatura del agua, el clima…” A unos minutos de distancia, la encargada de una tienda de comestibles limpia la sangre frente a la puerta del negocio tras el último tiroteo del día.
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/23/actualidad/1364073762_285806.html
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| Marinos en la escena del crimen de 3 hombres en Acapulco / P. PARDO (AFP) |
Cien días de plomo para Peña Nieto
El cambio de estrategia en seguridad del presidente de México no frena la violencia: más de 3.000 muertos en sus tres primeros meses
JUAN DIEGO QUESADA México 13 MAR 2013 - 03:50 CET
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha cambiado radicalmente de estrategia en la lucha contra el crimen organizado respecto a su antecesor, Felipe Calderón, pero sus primeros cien días de gobierno igualmente se han llenado de plomo. Desde que el candidato que simboliza el regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) asumió el cargo, en el país han muerto 3.157 personas, más de 30 al día, en enfrentamientos relacionados con el narcotráfico, un ritmo muy similar al conflicto que ha dejado 70.000 muertos en los últimos seis años, según el último dato facilitado por el gobierno. La lluvia de balas no cesa.
Lograr un México en paz fue el objetivo que se marcó Peña Nieto el pasado domingo en el primer balance que hizo de su mandato. Pero a la luz de las cifras, la meta del presidente aún parece estar lejos. Su discurso es menos beligerante que el de Calderón, que hizo de la guerra contra el narco su leitmotiv, y nada más llegar impulsó reformas como la Ley de víctimas o la creación de una gendarmería. Está por ver si tienen los resultados esperados.
El conteo está en marcha. El Gobierno presentó la semana pasada como un éxito la cifra de homicidios cometidos en frebrero: 914. El número más bajo reportado en los últimos 40 meses.Los analistas dan por bueno el descenso pero lo llenan de matices.
Alejandro Hope, experto en seguridad que colabora en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), considera que el dato es imposible de verificar porque los números de octubre de 2011 a noviembre de 2012 nunca se hicieron públicos. Los de años anteriores incluso se retiraron de la web de presidencia. No obstante cree que la violencia desciende mínimamente desde hace 18 meses. “Y no tiene nada qué ver con lo hace o deja de hacer Peña. Esto está cayendo desde hace un buen rato”, incide Hope. ¿Los motivos? “Hay un incremento de la capacidad del Estado, que además pega más a mandos medios y no a jefes (de los grupos criminales), lo que siempre creaba descontrol y más guerras internas. También se dieron algunos arreglos colaborativos en el submundo criminal y bajó la venta de cocaína”, explica.
Hay quien duda de la metodología que se utiliza para hacer el recuento de víctimas. Sandra Ley, estudiante de la Universidad de Duke (Estados Unidos) sobre el impacto de la violencia en la política mexicana, hace sus propios recuentos, revisa estadísticas y a la conclusión que llega es que todo sigue más o menos igual. “No se percibe ningún cambio”, sostiene. Los recuentos, para Ley, no son todo lo fiable que deberían, ya que los datos nacionales dependen de la información poco contrastada que entregan las 32 procuradurías –fiscalías- locales.
La falta de información rigurosa sobre el tema crea monstruos. Se ha llegado a un punto en el que morir en este país te convierte automáticamente en sospechoso. Existe la creencia generalizada de que los delincuentes se matan entre ellos y que si alguien aparece con un tiro en la cabeza, poco más o menos, es que se lo merecía. Pa qué se mete, si lo levantaron es que algo hizo. “Se criminaliza a la víctima”, ahonda Hope. El 93% de los muertos, según las autoridades, están relacionados de una forma u otra con el crimen organizado. “¿Las autoridades ya revisaron los antecedentes de los 914 asesinados de febrero? Me río de eso. ‘De este decían que andaba en el narcomenudeo, de aquel que andaba con malas compañías… ‘. Así de científico es el procedimiento para elaborar la estadística”, remacha Hope.
La violencia, que azota notablemente a Acapulco y a la Comarca Lagunera, en el norte del país, se ha adentrado en las últimas fechas en terrenos que parecían vedados. En octubre del año pasado fue asesinado en Coahuila Eduardo Moreira Rodríguez, de 25 años, hijo de Humberto Moreira, gobernador de ese estado entre 2005 y 2010. “Mi hijo viene a ser uno de los muertos de esta guerra, de los miles de muertos de esta guerra, que es muy triste. Lo vivo ahora en carne propia”, dijo en un alegato que por su crudeza resume una época. El sábado, sin ir más lejos, fue ultimado el secretario de Turismo de Jalisco. Cada vez hay menos intocables.
Para el priista Omar Fayad, presidente de la comisión de seguridad pública del Senado, los cien días de Peña Nieto dejan noticias relevantes, sobre todo en cuanto a las reformas que ha llevado a cabo. El Gobierno promulgó una ley de víctimas que el PAN no supo o no pudo sacar adelante y regionalizó la lucha contra el crimen con el objetivo de reducir los tres delitos que más han castigado a los mexicanos: asesinatos, secuestros y extorsiones. Además, nombró una cabeza visible, Manuel Mondragón, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, algo que Calderón nunca hizo y que Fayad considera uno de sus errores más graves. Hay más: “El presidente no le echa la culpa a nadie por lo que está sufriendo como hacia su antecesor. No culpa a los municipios. Simplemente actúa. Es un hombre de acción”, considera.
Otra asignatura pendiente del Gobierno es acabar con la impunidad. “Si usted mató a alguien en los últimos seis años, la probabilidad de que esté en la cárcel sentenciado por ese homicidio es menor a 1 por ciento”, escribió Carlos Puig en su columna del periódico Milenio. El autor citaba un documento elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) para el equipo de transición de Peña Nieto que revelaba que de los 92.048 registrados entre 2006 y 2001, solo 679 personas habían sido declaradas culpables. El 0.73%.
En el otro extremo, es prioritario acabar con los abusos y la forma de actuar pendenciera de algunos policías y militares. En los dos últimos años las autoridades abusaron del arraigo, que consiste retener a una persona mientras se realiza la investigación. De los últimos 4.000 detenidos solo el 3% fue a juicio. El resto quedó en libertad por falta de pruebas, no sin antes pasar un buen rato en los poco confortables “centros de arraigo”, una cárcel que ni nombre alcanza a tener. Primero se detiene y después se averigua.
En su afán por romper con el sexenio anterior, Peña Nieto se ha propuesto buscar a los miles de desaparecidos, un innombrable para la administración pasada. La subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Sedena, Lía Limón, reveló en estos primeros cien días la existencia de una base de datos con los nombres de 27.523 desaparecidos en el sexenio pasado, un tema turbio en el que están implicadas hasta las instituciones. En al menos 149 desapariciones participaron las fuerzas de seguridad, según un informe de Human Rights Watch. No existe ningún indicador para evaluar este rubro a Peña Nieto, pero las cifras de secuestros dan para hacerse una idea. Poco más de 100 casos han sido denunciados en estos últimos meses, una cifra idéntica a la de Calderón. Una minucia si se atiende a los informes de varias organizaciones, que creen que hay 72 levantamientos al día, la inmensa mayoría sin que se den a conocer.
El asesinato de periodistas fue también una constante durante el sexenio anterior. Fueron asesinados 44 y 8 desparecieron de la faz de la tierra. Por ahora, que se sepa, hay una única víctima mortal, el director de un portal de noticias del norte que fue acribillado a balazos pero podrían haber sido muchas más: El Siglo de Torreón ha sido atacado por comandos hasta en tres ocasiones. El periódico El Zócalo de Saltillo anunció que dejará de informar sobre la delincuencia para proteger la vida de sus trabajadores. Los problemas persisten. La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó esta misma semana que no ha disminuido ni la impunidad ni la vulnerabilidad de los informadores en el país y abrió una comisión que se reúna con el presidente para abordar este asunto.
La jugada corresponde ahora a Peña Nieto, que se enfrenta a un reto extraordinario, acabar con el clima bélico que impera en determinados lugares del país. Lograrlo o no le colocará a un lado u otro de la historia
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/03/13/actualidad/1363143004_132722.html
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