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| Ilustración de Ramiro Clemente |
¿Un crimen de Estado?
Por incitación y negligencia, el atentado contra Miguel Uribe bien puede ser un crimen de Estado.
14 de junio de 2025
Hay muchas maneras de propiciar un asesinato. Una de ellas es darle la orden a una banda de sicarios para que cometa el crimen. ¿Pero qué pasa con quien incita a la violencia, en especial si lo hace desde la investidura de Presidente de la República? Cuando el jefe del Estado acusa a sus opositores, con ligereza o en medio de algunos de sus delirios de consumo, de torturadores y asesinos, de enemigos del pueblo, y lo hace blandiendo una espada y una bandera de guerra a muerte, ¿no está invitando a que cualquier enajenado actúe violentamente contra ellos?
Días antes del atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, el mandatario dijo –sin el menor contexto histórico sobre una época en la que, por cierto, el M-19 de Petro mataba cada semana– que su abuelo, el entonces presidente Julio César Turbay, había mandado torturar a 10.000 personas. En una andanada contra los senadores opositores como Uribe, Petro los amenazó el 20 de mayo en Barranquilla: “No nos obliguen a lo imposible porque haremos lo imposible”. Los llamó “verdugos del pueblo”, días después de decirles “hampones y asesinos”.
Y qué decir cuando la Unidad Nacional de Protección, agencia que dirige Augusto Rodríguez, hombre de confianza de Petro, tiene que reconocer que, el día del atentado en Bogotá, la escolta de Uribe había sido reducida: de los seis guardias armados y el chofer del carro blindado asignados, solo quedaban dos guardias y el conductor. Y todo eso a pesar del aumento de las amenazas contra el senador, que Rodríguez y la cúpula de la UNP conocían muy bien por 23 cartas enviadas desde la oficina de Uribe pidiendo mayor protección.
La violencia verbal de Petro –esa que puede conducir a la violencia física, al atentado, al asesinato–, la incitación al odio –condenada como un crimen por el derecho internacional, ya sea que ese odio sea alimentado por razones de raza, sexo o ideología política– y, finalmente, la omisión del deber estatal de proteger a un líder amenazado, he ahí un listado suficiente para preguntar si, por una mezcla de incitación y negligencia, el salvaje atentado contra el senador Uribe es un crimen de Estado.
Cuando el jefe del Estado acusa a sus opositores, con ligereza o en medio de algunos de sus delirios de consumo, de torturadores y asesinos, de enemigos del pueblo, y lo hace blandiendo una espada y una bandera de guerra a muerte, ¿no está invitando a que cualquier enajenado actúe violentamente contra ellos?
La responsabilidad del presidente Petro va más lejos. Él ha dicho –y parece claro– que hay bandas criminales detrás del atentado. ¿Quién tiene la culpa de la forma en que esas bandas han crecido y se han envalentonado? La insensata política de la paz total dejó actuar a sus anchas a esos criminales a la vez que ató las manos de las Fuerzas Armadas. Mientras Petro incita a odiar a los opositores, a esos bandidos les tiende la mano y les dice que los quiere abrazar.
El Gobierno alentó a los muchachos violentos a integrarse al programa Jóvenes en Paz, en el que estuvo el sicario de 15 años que disparó contra Miguel Uribe. Como lo denunció en ‘Semana’ Giovanni Jurado, líder de la primera línea de Cali, los políticos petristas se robaron la plata del programa y esos menores quedaron abandonados. Muchos están ahora en el sicariato.
En todo esto, Petro no ha actuado solo. El mininterior, Armando Benedetti, dedicado a calentarle la cabeza a su jefe, lo ha incitado a incitar. El nuevo minjusticia, Eduardo Montealegre, lo ha convencido de las más absurdas y contraevidentes teorías jurídicas para que se salte la ley y la Constitución con una consulta popular que, a más de innecesaria, a más de su tufillo de populismo barato, ha contribuido, y mucho, a incendiar el ambiente.
Y un personaje más para recordar: el exmindefensa Iván Velásquez, bajo cuya gestión de dos años y medio, las bandas criminales crecieron saludables, mientras el ministro obligaba a la Fuerza Pública a respetar apresurados ceses del fuego que –obvio– esas bandas se pasaban por la faja. En fin: ¿no habrá llegado la hora de decir que el atentado a Miguel Uribe es un crimen de Estado y definir quiénes, desde el Estado, son los responsables?
EL TIEMPO
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