Un macrocaso de corrupción
Estamos ante un macrocaso de corrupción, en el que casi todas las denuncias rozan a Petro.
Mauricio Vargas
1 de agosto de 2026
En materia judicial, un macrocaso es un proceso penal que investiga hechos delictivos que repiten patrones y que, por su gravedad y cantidad, constituyen un comportamiento criminal tipo. Es así como la controvertida —por lenta y altamente costosa— Justicia Especial de Paz (JEP) ha construido macrocasos con los secuestros de las Farc, los ‘falsos positivos’ y el reclutamiento de menores para la guerra.
Construir un macrocaso facilita identificar quién está detrás de un conjunto de delitos, ya sea de manera activa —porque los alentó— o pasiva —porque los toleró—. Las espeluznantes revelaciones sobre la corrupción que caracterizó el mandato de Gustavo Petro evidencian que estamos ante un macrocaso que combina varias formas de saqueo del dinero de los colombianos, tráfico de influencias para contratos indebidos, comisiones millonarias, maltrato y abuso de poder, y hasta asesinatos.
La fuente del más reciente destape no es un personaje menor: la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, cabeza gerencial de la Casa de Nariño, el núcleo del Gobierno, con dependencia directa del Presidente de la República.
Según el documento que ella llevó a la Comisión de Acusación de la Cámara —que investiga a los presidentes—, Petro la presionó para el traslado ilícito de multimillonarios recursos del Fondo Adaptación —que eran para inversión social—, un típico peculado por uso indebido. También la presionó para que nombrara a Juliana Guerrero, la joven del falso diploma que, con su hermana, aparece hoy en el centro de una red de cobro de comisiones a contratistas de entidades del Estado. Petro ha salido a defenderla, a pesar de lo untada que aparece.
Estamos ante un macrocaso de corrupción, en el que casi todas las denuncias rozan a Petro
Como Rodríguez —argumentos jurídicos en mano— cuestionó su órdenes, Petro —cuenta ella— comenzó a acosarla, insultarla e incluso intimidarla. Si es verdad lo que ella relata, Petro estaría incurso en delitos que van desde ordenar un peculado hasta maltrato laboral y veladas amenazas de muerte. Fiel a su estilo de agredir para defenderse, Petro ha dicho que ella tiene problemas de salud mental.
El lío para él es que muchos hechos confirman lo que la exfuncionaria refiere, incluida la sospechosísima muerte del coronel Óscar Dávila, quien iba a declarar en la Fiscalía en el caso de abuso de poder de la secretaria de la Presidencia, Laura Sarabia, cuando ella acusó a su niñera, Marelbys Meza, de robarse una millonada en efectivo, y la seguridad de la Casa de Nariño la detuvo e interrogó ilegalmente.
Las revelaciones de Rodríguez a Blu Radio y su denuncia ante la Comisión de Acusación son apenas una parte de la secuencia de hallazgos que indigestan el final de este gobierno, y que incluye un incumplido contrato por 36 millones de dólares, para el mantenimiento de helicópteros del Ejército, firmado ante la mirada pasiva del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, dizque adalid anticorrupción.
Hay mucho más: el saqueo de la UNGRD; los negociados del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, amiguísimo del Presidente; los procesos por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias al mininterior, Armando Benedetti; la financiación de la campaña 2022 con plata sucia y por encima de los topes legales; los lujosos gastos de Verónica Alcocer y sus huellas en el contrato de los cazabombarderos suecos; los negociados en Aerocivil.
Y otros: el enriquecimiento de la compañera de Petro, Vanessa Cortés; las vías terciarias, pagadas pero muy poco ejecutadas; el asesinato de Miguel Uribe por las bandas criminales que Petro ha mimado, y más y más. Suficiente para un macrocaso de corrupción sistémica, que bien podría llevar el apellido del Presidente.
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