Trump abre una guerra con los tribunales tras la deportación de casi 300 venezolanos a El Salvador
La Casa Blanca insiste en que esas expulsiones son legítimas y que no ha incumplido la orden judicial que las prohibía
La pelea está servida. De un lado, la Administración estadounidense de Donald Trump, decidida a mostrar ante sus votantes una contundencia extrema en su política sobre inmigración y deportaciones. Una Administración que defiende el uso de una ley del siglo XVIII, pensada para tiempos de guerra, para expulsar a cerca de 300 venezolanos a una cárcel en El Salvador sin ningún tipo de proceso judicial, pese a la orden en contra de un juez. O que deporta o niega la entrada a extranjeros con permiso de estancia y que no han sido acusados de ningún delito. Del otro lado, los tribunales que lo bloquean. El Gobierno se atrinchera en sus posturas , y los jueces insisten en exigir explicaciones, en un enfrentamiento que podría llegar hasta el Supremo. Este lunes, el Departamento de Justicia pedía recusar al magistrado al cargo del caso de los venezolanos deportados, James Boasberg, y los abogados del Gobierno se negaban a contestar las preguntas de él.
