Muerte en Venezuela
El régimen tiene que investigar el asesinato de un opositor en un mitin
Seguidores de Nicolas Maduro increpan a Lilian Tintori en Guarico, donde resultó asesinado en un mitin el opositor Luis Manuel Díaz. / FRANCISCO TRUCEIRO (AFP)
El asesinato del líder opositor venezolano Luis Manuel Díaz durante un acto electoral el pasado miércoles constituye un gravísimo hecho de violencia política en un país que el próximo 6 de diciembre acudirá a las urnas, y debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias por la justicia venezolana.
La muerte a tiros de Díaz no es un hecho aislado. El político asesinado asistía a un acto electoral de Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, en la cárcel desde hace casi un año. Durante toda la jornada, Tintori fue acosada repetidamente por simpatizantes del régimen y en un momento dado llegó a ser retenida sin justificación alguna por parte de oficiales de policía. Ayer denunció que corre el riesgo de ser asesinada. Conviene no perder de vista que su marido, convertido en símbolo de las denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro, fue condenado a 13 años y nueve meses de cárcel en un juicio farsa plagado de irregularidades y sin las mínimas garantías jurídicas, y que numerosas personalidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos han pedido al presidente venezolano que lo libere inmediatamente. Otro destacado líder opositor, Henrique Capriles, también ha denunciado ante las autoridades haber sido objeto de ataques armados.
Las elecciones legislativas de dentro de poco más de una semana son cruciales para el futuro de Venezuela. Es imprescindible que puedan celebrarse en un clima de libertad y normalidad democrática. Desgraciadamente, se trata de un escenario muy lejos del acoso que están sufriendo los opositores, tanto en su vida cotidiana como en sus desplazamientos y en los actos políticos que protagonizan.
El Gobierno venezolano que encabeza Maduro está obligado a corto plazo a dos cosas: en primer lugar, debe aclarar el asesinato de Díaz, tal y como ya han exigido la Organización de Estados Americanos y Unasur. Al mismo tiempo, tiene el deber de garantizar la seguridad de quienes participan en los actos organizados por la oposición. Es absolutamente incompatible con una democracia el que un político pueda ser acribillado entre una multitud y que el crimen quede impune. El desdén con el que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha calificado de “montajes” los atentados sufridos por los opositores no constituye precisamente una garantía de la voluntad oficialista de aclarar y poner freno a esta violencia.
Tampoco ayuda al clima de tranquilidad las repetidas declaraciones de Maduro en las que coloca la movilización callejera por encima de lo que puedan decir las urnas. Es muy peligroso reiterar, como hace Maduro, el propósito de ganar en las calles lo que no logre con los votos. En democracia, la máxima expresión de la voluntad popular no está en las demostraciones de fuerza en el asfalto, sino en las papeletas depositadas con seguridad y libertad en los centros de votación. Maduro debe aceptar de una vez por todas las reglas del juego democrático.
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