Un integrante de la Policía vigila junto a una casa destruida frente a la estación de policía que fue hostigada por disidencias de las antiguas FARC, este lunes, en Morales (Cauca).ERNESTO GUZMAN JR (EFE)

La zozobra envuelve al suroccidente colombiano tras el anuncio de Petro de una ofensiva en el Cauca

Mientras distintos sectores políticos y sociales denuncian la falta de presencia del Estado, el Gobierno se apresura a enviar ayuda militar al Cauca y al Valle de Cauca

Jules Ownby

21 de mayo de 2024

Los ojos de Colombia están puestos este martes en el suroccidente del país, que está sumido en el desasosiego tras un lunes de violencia extrema en el Cauca y el Valle del Cauca. Una seguidilla de ataques por parte de disidencias de las antiguas FARC dejó al menos cuatro muertos, decenas de heridos y 50 millones de pesos robados (13.000 dólares). En respuesta, el presidente Gustavo Petro activó un Consejo de Seguridad permanente en el Cauca, y declaró que era “total” la ofensiva contra el Estado Mayor Central (EMC), que el Gobierno responsabiliza de esta violencia. Sin embargo, los ataques no se detuvieron.

Durante la noche de lunes a martes, dos soldados fueron heridos en hostigamientos a una patrulla en el municipio caucano de Cajibío, a unos 40 minutos de Morales. Y durante la madrugada, los hermanos Jéfferson Dizú Guegue y Josué Dizú Guegue fueron asesinados en el corregimiento de Mondongo, del municipio de Caldono, a unos 65 kilómetros de Morales. Este último crimen está bajo investigación, y las autoridades no se han pronunciado sobre los móviles.

Al menos seis municipios y veredas dentro de un radio de dos horas entre Jamundí y Morales fueron víctimas este lunes. Según las autoridades, el frente Jaime Martínez, afiliado al EMC, cometió los atentados. Tras un consejo de seguridad en el Cauca, el Ministerio de Defensa anunció recompensas de hasta 500 millones de pesos (unos 130.000 dólares) por información que conduzca a la captura de seis cabecillas del grupo ilegal, conocidos por sus alias: Marlon, Esteban Medina, Pincher, Oso Yogui, Pepe y Plátano.

Además, la cartera publicó otra lista de siete guerrilleros más que responsabiliza del atentado a la estación de Policía de Morales, en el que murieron dos patrulleros y dos civiles privados de libertad. Las disidencias también robaron 50 millones de pesos del Banco Agrario, según la Policía Nacional. Por este ataque, el Gobierno ofrece hasta 100 millones de pesos (26.000 dólares) por información que lleve a la detención de alias Lian, El Paisa, Juan Carlos, Coni, El Indio, Matin y Huevito.

Como muchos, el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la entidad responsable del bienestar de los menores en el país, ha condenado los ataques y ha pedido respeto a los grupos armados detrás de ellos. “El ICBF insiste en la urgente necesidad de dejar a la niñez y a la adolescencia por fuera del conflicto. Los ataques terroristas indiscriminados hacia la población civil representan una clara violación al Derecho Internacional Humanitario”, se lee en un comunicado publicado este lunes. Además, informó de que ha suspendido los servicios en los corregimientos jamundeños de Potrerito y Robles, donde hubo hostigamientos este lunes.

Mientras las autoridades intentan dar con los victimarios, el municipio de Morales ha amanecido este martes con zozobra y cautela. El alcalde, Oscar Guachetá, ha declarado el toque de queda y la ley seca, ha cancelado las clases en los colegios, y ha ordenado el cierre de discotecas, bares y tabernas. Hasta las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) no están funcionando este martes.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, explicó este lunes en Caracol Radio que Morales, donde viven unas 40.000 personas, estaba respaldado antes del atentado por un cuerpo de policía de 14 uniformados. Dos de ellos fueron asesinados este lunes. Para él, esto no es aceptable. “Estamos pidiendo el incremento de la Fuerza Pública, y entre ellos tienen que contemplar más unidades de policía en estas estaciones de los pueblos que están al margen de la cordillera donde delinquen estructuras terroristas de antaño, para este caso la ‘Jaime Martínez’. No es posible que un pueblo que esté en una zona donde el conflicto armado se agudiza todos los días esté respaldado por 12 policías, eso es carne de cañón”, dijo.

Unas horas más tarde, al término de un Consejo de Seguridad que se realizó en el Cauca, el Gobierno anunció que estaba reforzando la seguridad en la zona. Informó de que el subdirector general de la Policía permanecerá en la región, que 100 carabineros serán distribuidos para reforzar la capacidad en los municipios, y que se firmará un convenio por cerca de 25.000 millones de pesos (unos 6,5 millones de dólares) para tecnología, inteligencia artificial y cámaras de última generación que pueden identificar los rostros de los criminales. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, enfatizó este lunes en una rueda de prensa desde Popayán que el Gobierno está “empeñado en una acción decisiva contra las estructuras criminales en el Cauca”.

Ante la crisis de seguridad, distintos sectores políticos y sociales sostienen que el recrudecimiento de la violencia en la región es síntoma de la falta de presencia del Estado, o al menos de su ineficiencia. El Ejecutivo, por su parte, argumenta que se debe, sobre todo, a las acciones del Ejército y la Policía contra las disidencias guerrilleras. Efectivamente, el Gobierno suspendió en marzo el cese al fuego que tenía con el EMC en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. La explicación entonces era que el grupo ilegal había violado repetidamente la tregua. Dos meses después, parece que ha empezado una guerra en el suroccidente colombiano.

EL PAÍS