La ONU acusa al Gobierno de Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad en el contexto electoral
Las fuerzas de seguridad chavista, según el informe, estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos
La represión en Venezuela desatada tras las elecciones ha escalado de manera alarmante. La Misión Internacional Independiente de la ONU ha publicado este martes un informe en el que acusa al Gobierno chavista de haber cometido crímenes de lesa humanidad en el periodo que comprendió el antes, durante y después de las presidenciales que se celebraron el 28 de julio, en las que presumiblemente venció la oposición. El presidente Nicolás Maduro se niega a reconocer la derrota y asegura que volverá a tomar posesión del cargo el 10 de enero de 2025. La comunidad internacional ha tratado, en estos casi tres meses, de buscar una salida negociada para Maduro y el resto de dirigentes chavistas, sin éxito por el momento.
Horas antes de la aparición del texto, Maduro destituyó a los responsables de los servicios de inteligencia, el de la rama civil (Sebin) y el de la militar (DGCIM), un movimiento acogido con sorpresa en el chavismo. Se produce después de que Diosdado Cabello, ya de por sí poderoso en la estructura, se haya posesionado como ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Explicita también que algo se mueve dentro de la cúpula chavista después de que las elecciones fueran un fracaso: el oficialismo estaba obligado a ganar y demostrar al mundo esa victoria para regresar a los circuitos internacionales, tanto políticos como económicos, y sacar así a Venezuela del aislamiento internacional en el que vive por la falta de legitimidad de Maduro.
Nada ha salido como esperaban el presidente y los suyos, en primer lugar porque sufrieron una derrota en las urnas con la que no contaban, ya que tenían fe en la capacidad de movilización de sus bases, el gran número de empleados públicos y la capacidad de arrastre de los empresarios que hacen negocios con el Estado. No fue suficiente. En segundo lugar, no había un plan b en caso de derrota, como quedó evidenciado, y así no se pudo esconder un fraude que quedó a la vista de manera obvia.
Incluso entre los dirigentes más poderosos del madurismo se producen estos días desavenencias que llaman la atención. El ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, ha desautorizado en público al fiscal de la Nación, Tarek William Saab, uno de los ejecutores de la represión y hombre fuerte del oficialismo desde la época de Hugo Chávez, al que le escribió versos cuando el comandante estaba preso por un intento de golpe de Estado. Un día antes, Saab había acusado en una alocución televisiva al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de haber sido captado por la CIA. Gil ha asegurado que esas declaraciones de Saab las ha hecho “a título personal” y que en ningún momento reflejan ”la opinión del ejecutivo nacional”. El propio Saab se ha disculpado. Resulta poco habitual una desautorización pública de este nivel en el chavismo.
El escrito destaca sobre todo la persecución a los opositores y la represión que han ejercicio las fuerzas de seguridad para reprimir a la gente que se echó a la calle para protestar, en señal de que el chavismo no aceptaba el resultado y pretendía quedarse en el poder a toda costa. Los cuestionamientos señalan directamente a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional Bolivariana, pero también al Sebin y al DGCIM, a los que considera responsables de torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones forzadas. Los casos los han sufrido miembros y dirigentes del partido de María Corina Machado, la líder de la oposición, pero también ciudadanos de a pie que solo demostraron descontento por lo ocurrido.
Los funcionarios de la ONU ya habían publicado hace un mes un informe preliminar que anticipaba este segundo, en el que se venía a decir que Maduro había intensificado la maquinaria de represión tras las presidenciales, cuyo resultado no fue el esperado por el oficialismo. Ahora se añade que no solo fue una persecución posterior a la votación, sino que todo estaba en marcha desde antes y que, igualmente, durante la propia campaña se cometieron excesos que enturbiaron todo el proceso electoral. La Misión investiga lo que ocurre en Venezuela desde 2019, el año en que la entonces Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, visitó el país, habló con Maduro y con las víctimas, y dejó instalada una oficina con su equipo.
Los relatores explican que muchas de las detenciones se produjeron durante la operación Tun Tun, en referencia a una canción navideña en la que alguien aparece en la puerta de manera inesperada. Esta ha sido una forma común de generar pánico entre la población. Algunos detenidos fueron localizados después de expresar sus opiniones en X, Instagram o TikTok. Los guardias aparecían de forma intempestiva en sus casas y se los llevaban.
¿La acusación más recurrente? Delito de terrorismo, una tipificación vaga con la que la persona entra en un laberinto judicial en el que no puede defenderse, sencillamente porque no existe un escrito de acusación. Ahora mismo no existe el debido proceso en Venezuela. “Las detenciones y los actos procesales adolecieron de graves y sistemáticas violaciones al debido proceso. En la mayoría de los casos, las detenciones se llevaron a cabo sin una orden judicial, sin una base legal evidente, y/o sin informar del motivo de la detención. Con frecuencia, no se respetó el plazo de 48 horas para presentar a las personas detenidas ante un tribunal de control y las audiencias se realizaron sin publicidad, sin abogados de su elección y en horas de la noche o madrugada”, se lee en el informe.
La represión fue aún más lejos. Las casas de personas “percibidas como opositoras” se marcaron con una “X” y se habilitó una aplicación móvil alentando a los grupos afines al Gobierno a señalar y denunciar. La ONU alerta también de un fenómeno que considera nuevo y muy preocupante: “La Misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) durante o después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo”. La ONU considera niños a los menores de 18 años.
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