martes, 8 de octubre de 2024

Cuatro masacres en un fin de semana: la crisis de seguridad se agudiza en el noreste de Colombia



Soldados del Ejército de Colombia vigilan tras un ataque con granadas contra una comisaría en Potrerito, en el municipio de Jamundí, el 12 de mayo de 2024.

Soldados del Ejército de Colombia vigilan tras un ataque con granadas contra una comisaría en Potrerito, en el municipio de Jamundí, el 12 de mayo de 2024.

Cuatro masacres en un fin de semana: la crisis de seguridad se agudiza en el noreste de Colombia

Tres de ellas ocurrieron en la región de los Santanderes, en municipios donde las comunidades rurales han venido alertando sobre la presencia de un nuevo grupo armado


VALENTINA PARADA LUGO
Bogotá - 07 OCT 2024 - 23:06 


En un fin de semana Colombia registró cuatro masacres con tres personas asesinadas en cada suceso. En lo que va del año, fue el fin de semana más violento en el país en los territorios donde hay conflicto armado, y el más intenso en la región de los Santanderes, la zona del noreste en la que grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC habían pactado una tregua silenciosa que está ahora en crisis. Adicionalmente a esos dos grupos armados, en los municipios de Ábrego y La Playa de Belén (Norte de Santander), donde ocurrieron dos de esas masacres, los habitantes venían advirtiendo sobre la presencia de hombres armados con brazaletes de un tercer grupo. Los nuevos usan el nombre de una guerrilla que se desmovilizó hace más de 30 años, el Ejercito Popular de Liberación o EPL. Si bien surgieron disidencias del EPL después de la desmovilización hace tres décadas, de estas últimas no había rastro desde el 2015.


Wilfredo Cañizares, de la Fundación Progresar, una ONG de derechos humanos, le ha dicho a este diario que en 2024 han podido confirmar que en al menos cinco municipios de la subregión del Catatumbo ha habido presencia de hombres que se identifican como integrantes del EPL. “Han llegado uniformados, han hecho reuniones con las comunidades, han instalado retenes ilegales y han pintado calles con grafitis de sus siglas”, dice. Para él, se trata de un tercer actor armado que entra al radar de los dos grupos que se disputan esta zona del país, en la que está ubicado Tibú, el municipio con más cultivos de coca de Colombia y del mundo, con 22.000 hectáreas. Cañizares no sabe aún cuántos armados pueden ser ni qué objetivos, financieros o políticos, los motivan.

El primer hecho violento del fin de semana en esa subregión, ubicada en la frontera con Venezuela, se registró el viernes 4 de octubre: fueron encontradas asesinadas tres personas en la vereda Aratoque, zona rural del municipio de La Playa de Belén. Ese mismo día y a 35 kilómetros de distancia, en el municipio de Ábrego, también fueron encontrados tres hombres asesinados con arma de fuego en la vereda Las Rojas. Para Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “cuando las víctimas son personas que podrían tener alguna relación con un actor armado, la investigación tiende a apuntar a que se trata de ajustes de cuentas; pero cuando las víctimas son comunidades o líderes, suele apuntar a que se trata de un ejercicio de control social o dictadura local para dominar a la población”.

González sostiene, además, que las masacres en esta zona del país son la señal que podría confirmar que se rompió la tregua silenciosa que había entre el ELN y el frente 33 de las FARC. “Era un pacto de limitación de acciones, es decir, esto siempre existe cuando dos o tres actores trazan una especie de línea imaginaria para dividirse y controlar el territorio”, dice. Una de sus hipótesis, que además comparte Cañizares, es que las tensiones entre ambos grupos estén siendo aprovechadas por el nuevo EPL, como el tercer actor armado que busca consolidar su presencia territorial.

El director de la Fundación Progresar, además, señala que entre los municipios de La Playa, Hacarí y Ábrego, tres zonas históricamente dominadas por el ELN y de economías cocaleras, “se forma un triángulo en el que también ha estado el EPL y es justo allí donde, coincidencialmente, están reapareciendo”. Para explicar la dimensión de las masacres, Cañizares advierte que se trata de crímenes ruidosos que se cometen con la intencionalidad de dejar rastro, de dar golpes de autoridad sobre la mesa. “Es distinto a las desapariciones, por ejemplo, que sí son delitos silenciosos que no dejan rastro”, señala.


En diálogo con La W, el comandante de la policía de Norte de Santander, el coronel Néstor Arévalo, ha planteado que seguramente fue el ELN el responsable de las dos masacres, hechos violentos cometidos para prevenir el ingreso del EPL al territorio. Aseguró, además, que uno de los hombres asesinados en La Playa fue miembro de ‘Los Pelusos’, como se le conocía a las disidencias del EPL.

Un poco más al oeste, en el corregimiento de Puerto Olaya, en Cimitarra (Santander), ocho hombres armados asesinaron a tres menores de edad (12, 15 y 16 años) en el interior de una vivienda. En ese municipio las autoridades impusieron un toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. por razones de orden público. En ese lapso de tiempo ocurrieron los hechos. Según Indepaz, la madre de los adolescentes también fue golpeada en la vivienda, pero sobrevivió a la masacre. En este caso, la relación con los actores armados del territorio parece más difusa que el panorama en el Catatumbo, aunque en esa zona del país hace presencia intermitente del ELN y el Clan del Golfo. La gobernación de Santander ofrece una recompensa de $60 millones para quien aporte información que permita esclarecer los asesinatos.

La cuarta masacre que ocurrió este fin de semana fue en el municipio de La Victoria, al norte del Valle del Cauca, en el oeste del país. Personas armadas asesinaron a dos hombres y una mujer en el sector de Arrayanes. Sobre este caso, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas, pero en esa zona del departamento también hacen presencia disidencias de las FARC, además de otros grupos urbanos criminales, como la banda La Inmaculada, cuyo epicentro es el municipio de Tuluá, pero con tentáculos en casi toda la región.


En lo que va del 2024, según Indepaz, se han registrado 54 masacres en todo el país, una cifra que, aunque no es menor, representa una disminución en el número de hechos violentos de esta naturaleza que se registraron en el mismo período de 2023, cuando la cifra que registró la ONG fue de 70 para esta misma fecha. Sin embargo, el año pasado el panorama fue distinto en la región de los Santanderes, cuando estaba vigente la tregua entre el ELN y el frente 33 de las FARC, y cuando el cese al fuego con el Gobierno se mantenía vigente, en medio de los esfuerzos por sostener la política de paz total. Aún así, para este período del año iban ya cinco masacres en los Santanderes, que dejaron un saldo de 15 personas asesinadas. Esta vez ocurrieron tres en esta región durante un solo fin de semana. El director de Indepaz sostiene que, aunque las comparaciones numéricas no representan la gravedad de la situación de derechos humanos, “permiten una lectura sobre los focos de violencia que, en este momento, estarían concentrados en el nororiente de Colombia”.


EL PAÍS 

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