Alquiler de carros para representantes costará $18.000 millones
La Cámara firmó un contrato con la Unidad de Protección
para arrendar 125 vehículos.
Con la firma de un contrato por más de 18.000 millones de pesos con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Cámara de Representantes busca resolver definitivamente el espinoso tema de los carros para los congresistas, que ha generado en el pasado más de un escándalo en el país.
El contrato, firmado el martes y conocido por EL TIEMPO, determina el "arrendamiento" de "125 vehículos blindados" que estarán en poder de los representantes a la Cámara a más tardar en marzo del próximo año.
De acuerdo con Augusto Posada, presidente de la Cámara, "el Congreso tradicionalmente compraba carros (...) y esa no es nuestra función".
"El Congreso no tiene por qué estar metido en problemas y generando escándalos porque compró unos carros más costosos o porque el contrato de mantenimiento era con el taller del amigo de fulanito", dijo el congresista.
Estas consideraciones llevaron a que se descartara pronto la idea de comprar vehículos y se acudiera a la figura del arrendamiento, la cual, según Andrés Villamizar, director de la UNP, "es más barata y eficiente".
El objeto del contrato es que la Cámara le transfiere 18.516 millones de pesos a la UNP para que se encargue de dotar de vehículos a los representantes y otorgarles esquemas de seguridad.
La Unidad de Protección, a su vez, arrienda los carros con operadores con los que ya tiene este tipo de convenios.
Mantenimiento y pólizas
Además del vehículo, los representantes recibirán el mantenimiento, el seguro obligatorio y una póliza de responsabilidad civil extracontractual hasta por 200 millones de pesos.
En cuanto al orden de entrega, el próximo lunes serán adjudicados los primeros nueve, los cuales llegarán a manos de los representantes que hoy día no tienen ninguno.
Después de esto y antes de que termine este año, la UNP le entregará a la mesa directiva de la Cámara 41 más, que serán destinados a quienes cuentan con vehículo, pero sin blindaje.
El próximo año está previsto que se entreguen 75 más para completar en marzo los 125 carros. Aunque los integrantes de esa corporación son 166, la Cámara certificó que 41 vehículos comprados en el 2011 y 2012 están en buenas condiciones, por lo que solo se arrendarán 125.
Gasto suntuoso
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, "aquí hay congresistas que no necesitan dos carros ni escoltas".
"Lo que se critica es por qué todos los congresistas tienen que tener carros que no son pagados por ellos", agregó Barrios.
Para el ex zar anticorrupción Óscar Ortiz, el monto del contrato "es un absurdo, es desproporcionado".
"Sé que la opinión pública se indigna y los medios de comunicación y muchos periodistas avivan esa indignación, pero es un tema superado", dijo el funcionario.
JUAN FRANCISCO VALBUENA G.
REDACCIÓN POLÍTICA
REDACCIÓN POLÍTICA
Senador Juan Manuel Corzo gana demanda al Estado por $ 800 millones
Recibiría esa indemnización por el secuestro
que sufrió en 1999.
Nación apeló.
El senador conservador Juan Manuel Corzo le acaba de ganar una demanda al Estado por casi 800 millones de pesos, como indemnización por los dos años que estuvo secuestrado, entre 1999 y 2001, por la guerrilla del Eln.
El fallo, emitido por el Tribunal Administrativo de Santander hace cerca de cuatro meses, solo se conoce ahora, cuando la Sección Tercera del Consejo de Estado aceptó la apelación de la Nación.
El congresista, que hace un año desató polémica tras afirmar que el sueldo no le alcanzaba para pagar la gasolina de sus carros, fue secuestrado, junto con otras personas, en abril de 1999 por un frente del Eln. En esa ocasión, guerrilleros de civil burlaron la seguridad del aeropuerto de Bucaramanga y plagiaron un avión de Avianca que tenía previsto volar hacia Bogotá.
Corzo le confirmó a EL TIEMPO que la demanda salió a su favor en primera instancia, pero recordó que la interpuso meses después del secuestro, cuando "aún no se hablaba de reparación de víctimas del conflicto".
Lo contradictorio es que la ley de víctimas -sancionada en junio del 2011- indica que las indemnizaciones a los afectados por la violencia no superarán los 21 millones de pesos, pero en este caso asciende a 800 millones por ser una demanda anterior a la entrada en vigencia de la norma.
"En mi caso hubo descuido del DAS, de Avianca y falta de control en el aeropuerto", enfatizó Corzo, quien anunció que si la segunda instancia es a su favor, utilizará esos recursos "en actividades de índole social".
Uno de sus abogados, Édgar Cortés, quien llevó el proceso junto con Roberto Quintero, le dijo a este diario que a Corzo "le reconocerían cerca de $ 500 millones" porque en el proceso hay más personas, "entre ellas la fallecida madre del senador y sus hermanos", quienes también tendrían derecho a ser indemnizados.
Dijo que sueldo no le alcanzaba para gasolina
En septiembre del año pasado, cuando oficiaba como presidente del Senado, Juan Manuel Corzo desató una polémica tras asegurar que su salario como congresista, que supera los 20 millones de pesos, no le alcanzaba para pagar la gasolina de los dos carros que tenía asignados para movilizarse. "Prefiero no robar al Estado y que me paguen la gasolina", aseguró en ese entonces.
http://www.eltiempo.com/politica/corzo-gana-demanda-al-estado-por-800-millones_12400439-4
Desangre de los recursos públicos,
el cáncer de la rama judicial
Juan Gossaín revela el informe de la Contraloría que denuncia los malos manejos de los dineros.
Conozco a un anciano artrítico que, a pesar de sus quebrantos, tiene que rebuscarse bajo el sol como jardinero de edificios. Lo hace porque se partió el lomo trabajando la vida entera, pero su pensión de salario mínimo no le alcanza para sobrevivir. La misma situación en que se encuentran penosamente millones de jubilados colombianos.
Mientras tanto, la prensa informa que doce jueces se ganaron el 'baloto'. Con solo trabajar tres meses como magistrados auxiliares en el Consejo Superior de la Judicatura, lograron que sus pensiones fueran reajustadas en 400 por ciento: pasaron de ganarse tres millones de pesos mensuales a doce millones.
Sin embargo, y en relación con el dinero que maneja el poder judicial, la historia del 'carrusel' de las pensiones muestra apenas la punta del témpano. O el canto de la cabuya, como dicen los campesinos de mi tierra. La verdad escueta es que los balances de la justicia, como las cuentas de la lechera, no cuadran por ningún lado.
'Esa platica se perdió'
Vayamos por partes y no me acosen, que yo me enredo solo: durante diez años, entre 1993 y el 2003, el Estado destinó 1,2 billones de pesos anuales para el funcionamiento de la justicia. Era un promedio casi invariable.
Pero desde el 2004 se desató una lluvia de plata solo comparable con los inviernos que azotan al país. Por ejemplo: el año pasado esa suma fue de 2 billones y para el actual se sube a 2,2 billones. Aún así, no les alcanza. En materia de nómina la rama judicial no parece una rama sino una selva entera: el 82 por ciento del presupuesto se va en gastos de personal.
Como si fuera poco, y para que se pasmen ustedes, a partir del 2009, el Gobierno empezó a girarle a la justicia unas partidas adicionales para descongestionar el retraso eterno en que viven los juzgados. Fue así como en los tres años siguientes, hasta el 2011, se destinaron a ese propósito 490.000 millones, además de lo contemplado en el presupuesto ordinario. Otro medio billón, como quien dice.
Por si algo faltara, también se ha echado mano de créditos extranjeros. El Banco Interamericano y el Banco Mundial concedieron préstamos por 40 millones de dólares, de los cuales, hasta el año pasado, 11.500 millones más habían ido a parar al barril sin fondo de la descongestión judicial.
Hasta que un día la contralora general de la República, Sandra Morelli, se preguntó en qué pudieron haber invertido semejante cantidad de dinero. Entonces designó su propia comisión para que adelantara una minuciosa auditoría en el Consejo Superior de la Judicatura, cuya vida está agonizando en la reforma del sistema judicial que se discute actualmente. Las conclusiones del informe presentado por la comisión no pueden ser más aterradoras y terminantes: "Esos recursos se perdieron".
Arriendos, retrasos y sobrecostos
Además de la vinculación de personal suplementario -una manera de seguir reforestando la selva burocrática-, en desarrollo del programa de descongestión se contrató también la construcción de nuevos edificios para la justicia. En este campo la Contraloría destapó varios hechos aberrantes: los costos de esos palacios en ciudades como Cali, Manizales, Yopal y Mocoa, entre otras, exceden ya el 200 por ciento del precio que se pactó inicialmente.
Encima de todo, como si la herida necesitara que le echen sal, el plazo para su entrega va retrasado el doble del tiempo establecido. La remodelación del complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, que según el contrato debió hacerse en mes y medio, demoró catorce meses.
La falta de planeación en esas inversiones fue tan grande que ni siquiera se tuvo en cuenta que numerosos despachos judiciales tendrían que mudarse temporalmente a fin de facilitar el adelanto de las obras. Ello condujo a gastos inesperados: pago de arrendamientos, adecuación de locales, alquiler de computadoras, sistemas y redes de comunicaciones, contratos de seguridad y aseo. Por ese solo concepto, los funcionarios de la Contraloría consideran que el bolsillo de los colombianos sufrió un perjuicio adicional de 93.000 millones de pesos.
"Cómo sería el derroche", me dice uno de los funcionarios, "que en una ciudad pagaron 24 millones de pesos mensuales por el alquiler de un local para tres juzgados. Durante la investigación encontramos que en realidad costaba seis millones". Eso era lo que pagaban los inquilinos anteriores, dos almacenes y un restaurante, hasta que los echaron porque era mejor negocio arrendárselo a la justicia.
Aquí es donde uno empieza a preguntarse si el Consejo Superior de la Judicatura merece que le den cristiana sepultura, con misa cantada y responso en latín, o si es preferible que lo entierren sin tantas ceremonias en una fosa común.
¿Las cuentas claras?
Ante la gravedad de tales hallazgos, la Contraloría General pidió al Consejo de la Judicatura que le entregara sus balances para hacer rastreos y comparaciones. "No se nos suministró información confiable", dice la comisión, "en temas como las cuentas de anticipos entregados, acreedores y construcciones en curso". Los investigadores descubrieron que los avances de dinero a contratistas de obra no fueron legalizados en su gran mayoría. Y se encontraron con supuestos proveedores que ni siquiera aparecen identificados.
En la contabilidad figuran, además, unos precios de reajustes de obras que no tienen explicación ni soportes, no dicen de qué obras se trata ni en qué lugar del país se están construyendo.
A guisa de un solo ejemplo, entre muchos otros, los auditores establecieron que hay "algunos saldos sin justificaciones coherentes y técnicas" que valen 7.000 millones en el renglón de activos y 66.000 millones en el de los pasivos. Eso no es todo: descubrieron que grandes partidas, destinadas a supuestos cursos de capacitación para empleados judiciales, se gastaron en festejos y francachelas.
Por todos los obstáculos que tropezaron, y por todas las zancadillas que les pusieron en el camino, los comisionados de la Contraloría tuvieron que consignar en su informe que se abstienen de opinar si son razonables o no los estados financieros del Consejo Superior de la Judicatura.
Pero, como consideran que los resultados de sus pesquisas son "alarmantes", recomiendan que se inicie de inmediato una investigación contra quienes puedan ser los eventuales responsables.
Epílogo con chocolate
El informe de la Contraloría deja en claro que serán investigados quienes desde el 2007 hasta la fecha hayan ocupado los siguientes cargos: magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, directores de las unidades que dependen de esa sala, el director ejecutivo y los directores regionales, sus contadores y, obviamente, los auditores internos, que debieron abrir los ojos en su obligación de vigilar el manejo del dinero.
Tuve oportunidad de consultar a algunos expertos en este tipo de procesos, que se llaman "de responsabilidad fiscal", y ellos me dijeron que en casos como los aquí descritos, y mientras dura la investigación, lo recomendable es suspender de sus cargos a aquellos empleados que representan un peligro para el uso de los recursos destinados a la justicia.
Lo que significa, en plata blanca, que las cuentas no son claras, pero el chocolate sí está espeso. Turbio y amargo, además.
Sobre el autor
Juan Gossaín, por muchos años hombre de radio y de la crónica en prensa, tiene en Cartagena un Centro de Altos Estudios de Periodismo.
Juan Gossaín
Especial para EL TIEMPO
Cartagena de Indias.
Especial para EL TIEMPO
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