El 23 de octubre, un mes después de que la justicia venezolana condenara al líder opositor Leopoldo López a casi 14 años de prisión, uno de los fiscales del caso, Franklin Nieves, apareció en Miami y declaró que el juicio había sido una “farsa”. Según dijo, la prueba contra López era inexistente o había sido fabricada.
Días después, junto con un equipo de abogados de Human Rights Watch, me reuní con Nieves para entrevistarlo y determinar si sus denuncias eran consistentes con la información que conocíamos del expediente judicial. Efectivamente, lo eran.
El tribunal de primera instancia condenó a López por cuatro delitos relacionados con los sucesos del 12 de febrero de 2014. Ese día, una protesta en Caracas, que había comenzado de manera pacífica, culminó con manifestantes atacando la sede del Ministerio Público y varios vehículos oficiales en las inmediaciones.
Uno de los delitos por los cuales se condenó a López fue el de “incendio”. Nieves sostuvo durante el proceso que López era responsable de un incendio en la biblioteca del Ministerio Público, iniciado por un cóctel molotov que fue arrojado por manifestantes.
Los gobernantes latinoamericanos han hecho la vista gorda ante el dramático deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Pero el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó una valiente carta en la cual criticó la detención de López y otros múltiples abusos de poder del Gobierno de Maduro.
Pero nunca hubo fuego, nos dijo Nieves cuando nos reunimos con él, por lo cual tampoco pudo haberse cometido el delito de incendio. Curiosamente, según un informe de dos peritos del propio Ministerio Público que se encuentra en el expediente, lo único que se quemó fue una parte de la mecha de un cóctel molotov que se encontró en la biblioteca, pero que no llegó a explotar.
Por supuesto, una bomba incendiaria sin detonar podría sustentar una imputación por tentativa de incendio. Sin embargo, para probar esta acusación contra López, los fiscales habrían tenido que demostrar que López fue el “determinador” (instigador) de ese incendio fallido. Nieves nos dijo que no tenían evidencias para probar eso, y así lo confirma nuestro análisis del expediente. Los fiscales tampoco presentaron pruebas de que López hubiera instigado a producir otros daños en el edificio, un segundo cargo por el cual también fue condenado.
La jueza Susana Barreiros citó un discurso que López les dirigió a los manifestantes horas antes de que sucedieran los hechos violentos, pero no mencionó ninguna instigación explícita a la violencia y, por el contrario, reconoció que López había hecho “llamados a la paz y la tranquilidad”.
La jueza Barreiros también condenó a López por el delito más general de “instigación pública” a cometer delitos. La jueza indicó que si bien López había llamado a una “salida constitucional” del Gobierno de Maduro, pretendía sacarlo del poder mediante manifestaciones en la vía pública, desobediencia de las leyes y desconocimiento de las autoridades legítimas.
Para sustentar tal acusación, la Fiscalía recurrió a dos peritos que, según nos contó Nieves, fueron elegidos por su cercanía al Gobierno. Los peritos analizaron varios de los discursos de López y cientos de sus tuits del 12 de febrero y anteriores a esa fecha. Si bien ambos indicaron que López en ningún momento instó expresamente a otros a delinquir, la Fiscalía argumentó que uno de ellos sostuvo que López había apelado a mensajes “subliminales” con ese propósito.
Con respecto al cuarto cargo, “asociación para delinquir”, la jueza sostuvo que cuando López supuestamente instigó a la violencia, lo hizo como parte de un “grupo estructurado” de “dirigentes políticos”. La única evidencia que la jueza cita para llegar a esta disparatada conclusión es que dos mujeres vinculadas con su partido estaban con él cuando dio su discurso el 12 de febrero.
Nieves fue presionado por sus superiores para que emitiera una orden de aprehensión el 12 de febrero sin ninguna base, ni siquiera un informe policial que lo justificara. Según nos dijo, el 13 de febrero obtuvo el testimonio de testigos, incluyendo funcionarios de seguridad del Ministerio Público, les puso fecha del día anterior y los incluyó en el expediente para que pareciera que la orden había sido emitida sobre la base de esos testimonios. Llamativamente, en el expediente constan las declaraciones prestadas por dos funcionarios, quienes aparentemente desconocían que sus testimonios tendrían una fecha anterior a la real y señalan que la manifestación había ocurrido “ayer”, es decir, el día previo a la fecha en la cual efectivamente tuvo lugar.
Nieves nos contó que, presionado por sus superiores, perjudicó a la defensa al excluir gran parte de las pruebas que pretendían presentar los abogados de López. A pesar de tener la obligación legal, conforme al derecho venezolano, de practicar las diligencias de investigación que solicite la defensa, Nieves nos dijo lo mismo que el abogado de López: que en un primer momento aceptó buena parte de las pruebas del equipo de defensa, pero se retractó dos días después.
Lo que descubrimos con el testimonio de Nieves y los documentos del juicio fue que la selección de los cargos y la fabricación de la causa penal tuvieron como propósito lograr que López cumpliera la mayor pena de prisión posible. Si no hubiera sido condenado por el burdo delito de “asociación para delinquir”, López podría haber sido condenado a menos de nueve años en prisión. Y si tampoco hubiera sido condenado por el de “incendio”, su pena podría haber sido de menos de cinco años, y en ese caso, según la legislación venezolana, López podría haber obtenido penas alternativas a la prisión.
Según Nieves, sus superiores le dijeron que la orden de que López recibiera una larga pena de prisión venía del propio presidente Nicolás Maduro. Si bien no podemos corroborar esta afirmación, no cabe duda de que los documentos del expediente apoyan la denuncia de Nieves de que se trató de una descarada persecución política.
Durante años, los gobernantes latinoamericanos han hecho la vista gorda ante el dramático deterioro de los derechos humanos en Venezuela. Pero hace dos semanas, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, publicó una valiente carta en la cual criticó la detención de López y otros múltiples abusos de poder del Gobierno de Maduro. Los líderes de la región deberían aprovechar este momento y recurrir a la OEA como un vehículo para presionar a Venezuela para que libere inmediatamente a López y a las demás personas que se encuentran arbitrariamente detenidas y para que el Gobierno permita que observadores independientes de derechos humanos puedan visitar el país.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.
