El Gobierno venezolano considera un delito informar del desabastecimiento
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones abre un procedimiento sancionador contra la cadena Globovisión por la transmisión de un reportaje sobre las fallas de productos básicos
ALFREDO MEZA Caracas 1 OCT 2013 - 01:27 CET
Nicolás Maduro este lunes en un acto. / AFP
Es, de lejos, el principal problema que ha enfrentado Nicolás Maduro en sus cinco meses de gestión y no hay manera de que pueda superarlo. Por eso ahora el Gobierno trata de controlar mediante la intimidación la información emitida por los medios locales sobre el crónico desabastecimiento que azota al país. Este lunes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) abrió una investigación, que culminará con una segura sanción, al canal local Globovisión por emitir un programa que informa de la carestía de productos de primera necesidad y de otros rubros.
De acuerdo con Conatel, hay en ese programa, llamado “Caso de investigación”, elementos “que podrían generar zozobra en la ciudadanía”. “Se habla de una supuesta escasez o acaparamiento tanto de vehículos como de algunos productos alimenticios en todo el país”, explicó el presidente del organismo Pedro Maldonado.
Si finalmente se concreta la sanción la cadena debería pagar como multa el 10% del ingreso bruto declarado durante el año fiscal anterior. Globovisión ya tuvo que pagar un porcentaje algo inferior -7.5%- cuando el regulador impuso una multa por la cobertura del motín de la cárcel de El Rodeo. Hace dos años el medio era controlado por Guillermo Zuloaga, un enemigo del Gobierno de Chávez, quien el pasado 14 de abril vendió el canal a tres empresarios sospechados de conexiones con el gobierno.
Desde entonces el canal ha rebajado de forma evidente su perfil combativo hasta el punto de que hoy es una cadena comedida en sus críticas hacia el Ejecutivo, pero es evidente que un Gobierno acosado por la carestía es muy sensible a que se refuerce esa opinión generalizada. El oficialismo se ha encargado de transmitirle a su público que si los alimentos escasean o la luz falla es consecuencia del boicot de capitales locales y transnacionales.
Esa decisión se produce después de que el sábado Maduro diera plazo hasta octubre para que cesara lo que ha llamado “una guerra eléctrica y económica”. Si no fuera así, el presidente ha asegurado que la llamada revolución bolivariana asumirá una nueva etapa. “Ustedes saben lo que tienen que hacer, a dónde dirigirse, tomar el poder en cada avenida y en cada autopista”, dijo el sábado en un acto con la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Vargas, vecino a la capital. También instó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz a tomar medidas contra los medios de comunicación que a su juicio emiten propaganda de guerra al estimular las compras nerviosas.
Las palabras de Maduro indican que mantendrá o profundizará el modelo que heredó de su padre político, a pesar de que ya no se pueden ocultar las grietas de un modelo de control de precios que lleva una década. Cualquier modificación de la política económica sería entendida como una traición al legado. Los últimos días el jefe de Estado venezolano ha reiterado que encabeza un Gobierno fuerte y que tiene los medios para seguir avanzando en el diseño de país que formuló el fallecido Chávez. En los próximos días el mandatario explicará ante la Asamblea Nacional el plan de gobierno para los próximos seis años, que amplía las líneas maestras esbozadas en la campaña presidencial del pasado octubre.
La prensa ante el ataque populista latinoamericano
Maduro se otorga plenas facultades para "castigar la guerra psicólogica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio"
Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ordena en tono militar al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República (dos instituciones que se suponen no deben estar subordinadas al Poder Ejecutivo) que evalúen “medidas especiales” que le otorguen al primer mandatario plenas facultades para “castigar la guerra psicológica que ejerce la prensa escrita, la televisión y la radio” con las informaciones “que difunden sobre el desabastecimiento de alimentos en Venezuela” cualquier observador desprevenido puede llegar a creer que se trata de un disparate que alguien de mala fe puso en boca del presidente venezolano.
Lamentablemente lo que usted leyó es absolutamente cierto y forma parte de la tragedia que hoy vive Venezuela y en especial sus medios de comunicación. Por si quedarán dudas, Nicolás Maduro afirmó sin que le temblara el pulso que “esta cobertura mediática de los medios privados va en contra de la seguridad alimentaria del pueblo y contra la vida económica de la nación”. No hay dudas de que el sistema cubano desembarcó aquí y vino para quedarse.
De manera que en este momento cualquier inquieto pensador latinoamericano debería estar preocupado sobre la forma en que el crecimiento del neoautoritarismo en esta parte del mundo está condicionando, de manera acelerada, el comportamiento no sólo de los grandes medios de comunicación social sino también de las redes sociales. Ya no se trata de los archiconocidos problemas generados por la aparición de las nuevas tecnologías y el desalojo de nuestras vidas cotidianas de los periódicos en papel. Es otra enfermedad más peligrosa y mortal para la democracia y sus modernizados medios independientes.
Hoy, como lo fue en la agitada Europa de los años 30, el peligro que amenaza a los medios de comunicación nace del control político e ideológico que traen consigo los nuevos modelos de gobierno que, travestidos de democracia, vocean en calles y mitines las bondades de un nuevo populismo que arrasará con las deficiencias y maldades de las democracias representativas.
En esta parte del continente americano y en especial en Suramérica y el Caribe, la prensa siempre desempeñó un papel rotundo en la llegada al poder de las democracias y en la difusión de sus valores fundamentales que ellas conllevan como lo son la libertad de pensamiento y expresión, la calidad de nuestra vida, la crítica y la discusión abierta, el equilibrio de los poderes, el sometimiento de lo militar a lo civil y el respeto a lo establecido en la Constitución.
Pero desde hace unos quince años gobierna en Venezuela un régimen que, si bien nació de los votos, nunca tuvo en su mente un desarrollo más vigoroso de la democracia sino más bien persiguió, desde un primer momento, el control progresivo y absoluto del poder.
Desde luego que esto no es posible llevarlo a cabo sin reducir el papel de los medios de comunicación y de limitar día tras día su ámbito de acción. Hoy podemos decir que el neopopulismo que manda en Venezuela ha logrado cercar a la prensa de una forma tan agresiva y eficaz que, sin ser pesimistas a ultranza, ya podemos decir que los periódicos, las radioemisoras y las plantas de televisión independientes tienen sus días contados, a menos que cambien los vientos de la historia.
Decenas de radioemisoras en el interior del país y en la capital han cesado sus trasmisiones ya sea por el boicot publicitario de parte del gobierno, de la no renovación de sus licencias para operar públicamente y de las amenazas y ataques de bandas armadas que asaltan sus locales y golpean y persiguen a sus periodistas.
No se trata de exageraciones políticas o propagandísticas pues en mi carácter de miembro de la comisión de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) me ha tocado el doloroso deber de recoger pruebas, indagar estos hechos, redactar informes y acumular expedientes de esta guerra sin cuartel del gobierno venezolano contra la libertad de prensa y de expresión.
Las televisoras no escapan a este vandalaje y el caso del cierre a la fuerza de uno de los principales canales de televisión (RCTV) produjo una conmoción nacional e internacional. Los equipos de transmisión de RCTV y sus antenas repetidoras fueron objeto de expropiación, y se abrieron juicios en los tribunales contra sus directivos.
Igual ha sucedido aunque en menor medida contra el canal de noticias Globovisión, cuyos dueños sufrieron ataques y amenazas diarias hasta que finalmente vendieron sus acciones. No contentos con ello, los nuevos dueños han sido objeto de medidas restrictivas sobre su programación y luego fueron multados por haber trasmitido imágenes que ponían en evidencia el grado de escasez de alimentos que se sufre en Caracas y el resto del país. También las televisoras del interior de Venezuela en su gran mayoría han dejado de operar o han pasado a manos de amigos del régimen, cuidándose muy bien de ejercer el derecho a la crítica.
En el caso de la prensa escrita la situación no es mucho mejor. Los principales insumos (papel, tinta, repuestos, etcétera) deben comprarse mediante un cupo en dólares que concede a su real gana y bondad, Cadivi, un organismo oficial encargado de aprobar las solicitudes de divisas para importar papel de Estados Unidos y Canadá. No es necesario advertir que si bien este mecanismo oficial no ha dejado de funcionar sí resulta complicado y es en extremo burocrático e intimidante. Basta pensar en los efectos devastadores que tiene sobre la importación de papel las sucesivas devaluaciones de la moneda que prácticamente llevan a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas periodísticas.
En el caso de nuestro periódico, El Nacional, hemos sobrevivido a un largo boicot publicitario de parte del régimen, que ha dado órdenes precisas para que ningún aviso del gobierno, o de la petrolera PDVSA, sea publicado en nuestras páginas. Incluso, el Consejo Nacional Electoral, un organismo que se supone independiente del poder central, se niega a colocar los avisos con información vital para el ciudadano como los lugares de votación, la forma de votar, los llamados a acudir a las urnas y los resultados oficiales.
También hemos sido blancos de ataques de militantes enardecidos (al estilo de los años previos al nazismo en Alemania) que han puesto en peligro la integridad física de los periodistas y la seguridad de nuestras instalaciones. Contra los directivos de El Nacional se han introducido decenas de querellas ante los tribunales por causas nimias o carentes de fundamentos. Cualquier recurso ante los tribunales de alzada o de las Salas del Tribunal Supremo es un esfuerzo inútil porque siempre termina siendo rechazado sin estudiar los argumentos de fondo.
Finalmente nos encontramos ante una situación de fragilidad y desprotección total de parte del Estado y sólo contamos con el apoyo de la opinión pública, los grupos organizados de la sociedad como gremios y sindicatos no oficialistas, las universidades y sectores mayoritarios de la Iglesia Católica, a pesar de que somos un medio laico, abierto a todas las religiones y tendencias democráticas.
Ha sido para nosotros un apoyo vital el que organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Grupo de Diarios de América (GDA), la Corte Internacional de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones como Reporteros sin Fronteras, se hayan hecho eco de nuestra situación dándonos apoyo y aliento para seguir adelante.
Sin embargo también hemos sentido el silencio de los gobiernos y los partidos democráticos de Europa que, sin más, han aceptado las acusaciones sin fundamento que el régimen nos lanza por doquier, etiquetándonos de golpistas y de ultraderecha. Somos estrictamente, en verdad, un medio independiente y democrático que lucha contra un régimen populista y antidemocrático.
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