Israel, Gaza y las leyes de la guerra
El derecho internacional ofrece un contexto para analizar lo que está sucediendo.
Amanda Taub
Puede ser difícil aferrarse a la razón en medio de la niebla del dolor, que es la respuesta natural a lo que ha ocurrido en estos días en Israel y Gaza.
El derecho internacional, sin embargo, nos ofrece una base para poder analizar lo que está sucediendo, incluso mientras se siguen documentando las atrocidades y las muertes causadas por la incursión de Hamás y se siguen desplegando las consecuencias del asedio y los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza, hogar de millones de civiles. Todos los días nos llega información nueva. Llevará tiempo verificar los detalles, la desinformación ya está muy difundida, y puede ser fácil empantanarse en debates acerca de afirmaciones sin confirmar. Las leyes de la guerra ofrecen una guía de los aspectos más importantes y lo que debería suceder después.
Hay dos principios especialmente útiles. El primero es que el “porqué” y el “cómo” de la guerra son dos temas legales distintos. La justicia o injusticia del motivo de una guerra no modifica la obligación de pelear según las reglas del derecho internacional humanitario.
El segundo principio relacionado, del cual se deriva gran parte del derecho internacional humanitario, es que los civiles tienen derecho a la protección. Los ejércitos y otros grupos armados no pueden atacarlos de manera directa. Tampoco pueden afectarlos de manera desproporcionada durante la búsqueda de objetivos militares legítimos. Y esas obligaciones se siguen aplicando, aunque el otro bando las viole al atacar a civiles.
‘Garantías para los seres humanos’
Los orígenes de las leyes de la guerra se remontan a siglos atrás. Pero su versión moderna fue una reacción a las guerras mundiales del siglo XX. En 1928, el Pacto de París, un tratado internacional, prohibió casi todos los tipos de guerra. Fue seguido de la Carta de las Naciones Unidas de 1949 y 1977 y luego por el desarrollo ulterior del derecho penal internacional en la segunda mitad del siglo XX, que originó el establecimiento del Tribunal Penal Internacional en 2002.
La legislación que rige cuándo los Estados pueden usar la fuerza militar se conoce como ius ad bellum, un término en latín referente a la ley que regula el uso de la fuerza en el marco internacional.
En la actualidad, esta ley es muy estricta y prohíbe, en suma, que los países empleen la fuerza uno contra otro si no es en defensa propia, señaló Oona Hathaway, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale y coautora de The Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World.
“Antes, los países podían entrar en guerra casi por cualquier motivo”, comentó Hathaway. “Podían ir a la guerra para cobrar alguna deuda. Podían ir a la guerra, ya sabes, como respuesta al robo de esposas. Podían ir a la guerra porque el otro bando estuviera interviniendo en sus relaciones comerciales. Pero eso ya no es así”.
No obstante, independientemente de que existan motivos legítimos para usar la fuerza, se sigue esperando que todas las partes en conflicto sigan el derecho humanitario que norma la conducción de la guerra en sí, conocido como ius in bello: el derecho que rige la conducción de las hostilidades, comentó la jurista.
Cualquier persona que recientemente haya pasado mucho tiempo en las redes sociales habrá visto gente que mezcla la justeza del conflicto en sí con la justeza de la manera en que se está llevando a cabo. Parece que algunas personas justifican la matanza de civiles israelíes basándose en que está mal la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel, mientras que otras, al parecer, minimizan el asesinato de civiles palestinos en bombardeos basándose en que Israel tiene derecho a defenderse del ataque.
Tratar los motivos y el comportamiento como dos aspectos diferentes, como lo hace el derecho, es una manera de fijar con claridad el centro de atención en la complejidad de la guerra y los aspectos políticos que hay detrás, sin perder de vista el humanitarismo compartido en todos los bandos.
Ese mismo objetivo orientó el desarrollo de las leyes de la guerra. “El derecho internacional tradicionalmente ha separado las dos cosas en un intento por proteger a la población en guerra, sin importar la justificación del uso inicial de la fuerza”, señaló Monica Hakimi, profesora de Derecho en la Universidad de Columbia. “Querían asegurarse de que ambos bandos estuvieran igualmente protegidos en la guerra para lograr que la misma fuera lo menos cruel posible”.
El principio fundamental de ius in bello es que los civiles no pueden ser el blanco de objetivos militares ni ser lesionados de manera desproporcionada como medio de alcanzar un objetivo militar. Eso es así independientemente de la legalidad del conflicto subyacente y de si el bando contrario ha violado el derecho humanitario.
“La manera más sencilla de pensar en eso es solo que las garantías son garantías para los seres humanos”, explicó Tom Dannenbaum, profesor en la Escuela Fletcher de la Universidad Tufts y especialista en Derecho Internacional Humanitario.
“Muchos de esos seres humanos no tienen nada que ver con las violaciones del Estado ni de los grupos armados no estatales con los cuales están relacionados de alguna manera”, afirmó. También dijo que no tendría sentido reducir o eliminar los derechos de los civiles como reacción al comportamiento de los grupos armados que ellos no controlan.
Civiles bajo fuego
De acuerdo con el gobierno israelí, Hamás ha matado a más de 1400 israelíes. Entre los civiles muertos, hay unos jóvenes que asistían a un festival de música, niños, bebés y ancianos.
“No hay duda”, afirmó Dannenbaum, de que el ataque de Hamás “implica muchos crímenes de guerra contra la humanidad, algunos de los cuales están en curso. No son casos aislados”.
Los agresores también tomaron como rehenes a alrededor de 150 personas. Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo en un comunicado el martes que la toma de rehenes está prohibida por el derecho internacional e hizo un llamado a los grupos armados palestinos para que, de inmediato y de manera incondicional, liberaran a todos los civiles capturados.
“Hamás está sujeto a las disposiciones básicas del derecho internacional humanitario, pero a menudo las viola”, señaló Hakimi. Acciones como el asesinato sistemático y la toma de rehenes son violaciones graves de los Convenios de Ginebra, así como los crímenes cometidos según el derecho penal internacional.
Aunque no se pudo contactar a Hamás para que hiciera comentarios, Moussa Abu Marzouk, un alto funcionario político del grupo, afirmó en una entrevista con The Economist el 10 de octubre, tres días después del ataque contra Israel, que esa organización “obedece todas las leyes internacionales y morales”.
En ese mismo comunicado que condenaba la toma de rehenes, Türk, el funcionario de la ONU, planteó serias inquietudes acerca de las acciones de Israel en Gaza. El lunes, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció un cerco total en ese territorio diciendo que no autorizarían “electricidad, comida, agua, ni combustible” en esa franja de 40 kilómetros de longitud que es el hogar de más de dos millones de personas, aproximadamente la mitad de las cuales son menores de 18 años.
“La imposición de asedios que ponen en peligro la vida de civiles al privarlos de lo necesario para su supervivencia está prohibida según el derecho internacional humanitario”, señaló Türk.
Dannenbaum, experto en derecho de asedio, dijo que la declaración del ministro de Defensa parecía ser un ejemplo inusualmente claro del uso de la inanición de personas civiles como método de guerra, lo que se considera como una violación del derecho internacional humanitario, un crimen contra la humanidad y un crimen de guerra. (Aunque, señaló, la jurisdicción sobre algunos crímenes de guerra dependería de si el conflicto se considera interestatal).
“Cuando se produce un corte total, inequívoco y generalizado de alimentos, agua, electricidad y combustible, es sencillamente evidente”, afirmó. “La declaración de Gallant, explícita, sin salvedades y desde el principio, se destaca”.
Ophir Falk, asesor de política exterior del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, le dijo a The New York Time el jueves que “Israel está actuando en total cumplimiento del derecho internacional, y siempre lo ha hecho”.
En los últimos días, Israel ha bombardeado con intensidad la Franja de Gaza como parte de una campaña en contra de Hamás que, según un portavoz del Ejército, sería “más fuerte e intensa” que las acciones previas en ese territorio.
Según el derecho internacional, incluso los ataques a objetivos militares legítimos son ilegales si hay una lesión desproporcionada de los civiles, señaló Hakimi.
Según el Ministerio de Salud palestino, para el lunes 2808 personas han muerto por ataques aéreos y 10,850 han resultado heridas. El día anterior, el ministerio declaró que aproximadamente el 60 por ciento de los heridos eran mujeres y niños. Los ataques se han dirigido contra hospitales y escuelas en los que, según Israel, se escondían miembros de Hamás.
Falk, el asesor de Netanyahu, dijo que las discusiones sobre la proporcionalidad del daño a los civiles eran asuntos “tácticos y operativos” que no discutiría, pero que Israel estaba bombardeando objetivos militares y siempre advertía a los civiles cuando los ataques eran inminentes. Sin embargo, el martes 10, el teniente coronel Richard Hecht, portavoz militar israelí, dijo que la Fuerza Aérea israelí estaba demasiado sobrecargada como para lanzar los ataques de advertencia —conocidos como “golpes de azotea”— que ha disparado en anteriores conflictos de Gaza con el fin de advertir a los civiles palestinos para que abandonen una zona determinada antes de que sea impactada por misiles más grandes. Los gazatíes afirman que se han emitido pocos avisos.
Y como Gaza está sitiada y bajo fuertes bombardeos, los civiles tienen pocas vías de escape, aunque sean alertados.
“Puede haber desacuerdos acerca de que algo sea o no desproporcionado debido a que se pueden tener desacuerdos sobre el valor de los objetivos militares”, señaló Hakimi. No obstante, según ella, existen límites a esos argumentos y añadió que no sería permisible justificar bajas civiles masivas diciendo, por ejemplo, que su muerte reduciría el conflicto general.
El tema de lo que es proporcionado es algo que se tiene que evaluar caso por caso, comentó Hakimi.
THE NEW YORK TIMES
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