Mauricio Vargas
A por la plata
Hay que caerle a la fortuna de las Farc para aportar al Fondo de Tierras y a las víctimas.
2:25 a.m. | 11 de septiembre de 2016
Según me contó un miembro de la delegación gubernamental en la mesa de La Habana, las Farc se negaron una y otra vez a permitir que en el acuerdo quedase incluido el compromiso para que al menos una parte de su enorme fortuna –que algunos en el Gobierno tasan en miles de millones de dólares– sirviese para reparar a las víctimas y contribuir a los ambiciosos programas de tierras que el acuerdo contempla.
Se equivocaron. Con lo regalado que andaba el Gobierno al final, si hubiesen aceptado discutir este tema, de seguro habrían conseguido amnistiar una buena tajada. Pero se negaron siquiera a tocarlo y eso les puede salir carísimo. Al no quedar previsión alguna en los acuerdos, ahora la Fiscalía General puede aplicar a esos bienes las normas de extinción de dominio.
Lo ha dejado bien clarito el fiscal general, Néstor H. Martínez, quien pasó varios días en Washington esta semana, conversando con las autoridades estadounidenses, que cuentan con eficaces herramientas para colaborar en ese propósito. Según me explicó una fuente diplomática de esa ciudad, “una cosa es que a la administración Obama le parezca bien el acuerdo de La Habana y otra muy distinta, que esté dispuesta a permitir que se queden con cientos de millones de dólares producto del narcotráfico”.
El acuerdo de La Habana no legalizó esas fortunas. La ley de amnistía que el Gobierno llevará al Congreso no puede incluir una previsión para lavar esos recursos porque ello iría en contra de tratados internacionales antilavado que Colombia firmó. Como el origen del patrimonio es ilícito, las Farc no podrán usarlo en actividades legales como sería la financiación de sus campañas electorales. Según el Fiscal, las Farc no pueden realizar operaciones “para darles apariencia de legalidad a esos bienes a través de la penetración de sistemas financieros o de operaciones comerciales porque sería una forma de lavado de activos y un nuevo delito posterior a la amnistía que generaría responsabilidades penales”.
Para que todo eso se cumpla, la Fiscalía tiene que actuar. Martínez lo deja establecido desde ya, para que luego no le digan que esas investigaciones violan los acuerdos de La Habana o atentan contra el proceso. Ahora, el desafío es gigantesco: no solo identificar los bienes que las Farc poseen –en cabeza de testaferros, es fácil suponer–, sino proceder a su extinción, algo que no ha sido sencillo en cuanto a la fortuna de los capos de la cocaína.
Lo increíble es que algunos le hayan caído al Fiscal por asumir esa postura, que se corresponde con los deberes de su cargo. No es que el Fiscal pueda hacerlo, sino que debe hacerlo: perseguir la extinción de dominio de los bienes obtenidos de manera ilícita es su obligación. Pero como para algunos el cuento de la paz lo justifica todo, han corrido a calificarlo de enemigo del proceso y opositor del Presidente. ¿De modo que perseguir la fortuna de las Farc para que esos bienes lleguen al fondo de tierras y sirvan para indemnizar a las víctimas es ser antipaz y antisantista? Qué descuajaringada está la escala de valores.
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