Atención: JEP imputó a seis excabecillas de las Farc por más 18 mil casos de reclutamiento de niños y niñas y violencia sexual
Se trata de la primera imputación a los miembros del último secretariado de las Farc por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ocurridos entre 1971 y 2016.
María Victoria Caicedo
13 de noviembre de 2024
Los imputados por reclutamiento, violencia sexual y otros delitos crueles cometidos contra niños, niñas y adolescentes, en el marco del conflicto armado son: Rodrigo Londoño Echeverry conocido como Timochenko, máximo jefe de las antiguas Farc y los excabecillas guerrilleros, miembros del último secretariado de la extinta guerrilla: Jaime Alberto Parra Rodríguez conocido como ‘El Médico’; Milton de Jesús Toncel Redondo más conocido como ‘Joaquín Gómez’,Pablo Catatumbo Torres; Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Antonio Lozada’.
La imputación se basa en hechos ocurridos entre 1971 y 2016, con mayor frecuencia entre 1996 y 2016. Durante ese periodo, 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, así como de otros crímenes de guerra incluidos malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales, reproductivas y por prejuicio.
De acuerdo con la JEP, los exguerrilleros, convertidos en políticos activos gracias al desarme de las Farc en el año 2016, son responsables de cinco patrones macrocriminales durante su actividad subversiva.
Los imputados deberán responder, entre otras acciones, por haber permitido esta clase de violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Advierte la JEP que conocieron directamente el curso de los hechos determinados y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar estos hechos.
Los menores de edad, sobre todo miembros de comunidades indígenas, padecieron acciones sistemáticas de violencias en su contra. La JEP encontró que las conductas crueles se enmarcaron en cinco patrones principalmente: reclutamiento; malos tratos, torturas y homicidios; violencias reproductivas; violencias sexuales y violencias basadas en el prejuicio por orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.
“Aunque la política formal y expresa de la organización armada prohibía el reclutamiento de niños y niñas menores de 15 años, la evidencia indica que el reclutamiento, incluso de personas menores de 15 años, fue un fenómeno sistemático, no aislado ni esporádico.Sobre los factores que explican la ocurrencia de este patrón macrocriminal, la Sala encontró que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, que incluye circunstancias de los contextos rurales, de pobreza y de ausencia estatalen donde se ejerció esta violencia, así como de la estructura y objetivos de la organización rebelde”, se lee en la decisión de la JEP.
Las torturas, dice la imputación, fueron más allá del trato físico. Se constituyeron en coación de todas las formas posibles de la libertad. Una situación grave padecida por los menores de edad sin posibilidas de escape o elección.
“Los malos tratos, torturas y homicidios se produjeron en el marco de la política de la regulación de la vida intrafilas de la antigua guerrilla”, añade.
Los menores de edad eran sometidos a largas jornadas de entrenamiento y situaciones que hasta para los adultos resultaban complejas o dificiles de ejecutar.
“Estas violencias se vincularon al tratamiento dado a los niños y niñas durante entrenamientos, tareas asignadas, en la participación en combates y en la aplicación del régimen disciplinario. Esta política tenía como finalidad mantener una disciplina estricta a través del control de todos los aspectos de la vida en las filas, así como en la obediencia al orden de mando establecido. Y se aplicó a los miembros de la organización, sin distinción de edad o condiciones de vulnerabilidad, sometiendo a los niños y niñas reclutados a las mismas reglas que a los adultos y a profundas asimetrías de poder”.
Los exguerrilleros inflingieron dolor y despojaron de toda oportunidad de un futuro mejor a los niños y niñas que fueron robados para ponerlos al servicio de la guerra. “La vida, la integridad y la libertad de los niños y niñas reclutados estaban a disposición del grupo armado, cuyo poder se materializaba en quienes tenían el mando. Cada aspecto de su vida y cada decisión sobre ellos estaba determinado por las directrices de la organización y las órdenes de los comandantes, lo que anuló su autonomía y les negó la posibilidad de consentir o rechazar las decisiones impuestas por el grupo o por sus superiores”, añade la JEP.
Debido a los tratos crueles, los niños y niñas reclutados padecieron intensos sufrimientos físicos y psicológicos, malos tratos e incluso suicidios y homicidios.
Para formular la imputación, la JEP analizó 77 informes presentados por organizaciones de víctimas, 8 informes presentados por entidades del Estado; 951 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y de familiares de niños y niñas en condición de desaparecidos.
Con esa información se reconstruyó la historia de reclutamiento de 805 niños (56%) y niñas (44%). Igualmente, la Sala acreditó de manera colectiva a los pueblos étnicos Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, que suman 8.903 personas individuales.
A su vez la Sala tomó el Universo Provisional de Hechos en donde se documentaron 18.677 víctimas únicas reclutadas y analizó los expedientes de la justicia ordinaria y protocolos de necropsia y los trámites de medidas cautelares de protección de lugares e identificación de personas dadas por desaparecidas.
En el Caso 07 participan 9.854 víctimas. De ellas, 8.903 pertenecen a cinco pueblos indígenas afectados y 951 corresponden a víctimas individuales, incluyendo sobrevivientes directos y familias que continúan la búsqueda de niños y niñas reclutados desaparecidos.
De las víctimas reclutadas, el 24% reportó haber sufrido algún tipo de violencia basada en género durante su vida en las filas de la antigua guerrilla. De este grupo,el 91% son mujeres, el 9% son hombres y el 7% indicó tener una orientación sexual o identidad de género diversa.
Finalmente, la JEP destacó que los seis imputados “vienen compareciendo y a la fecha han cumplido con el Acuerdo Final de Paz”.
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