El Vaticano pide garantizar a las víctimas de abusos la información de sus casos y que sean indemnizadas
El primer informe de la Comisión para la Protección de Menores es crítico con los procesos canónicos por ser “difíciles, lentos y fuente de continua victimización” y pide “agilizar y acelerar” las dimisiones
EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos.
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El Vaticano ha realizado esta mañana una primera radiografía crítica y sistemática de su respuesta al escándalo de la pederastia en la Iglesia católica, y ve muchas carencias. Es el primer informe que realiza, a los 10 años de ser creada por el papa Francisco, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, que señala principalmente la opacidad que aún persiste en la Iglesia, tanto en el acceso de las víctimas a la verdad “como en los procesos canónicos, fuente de retraumatización”. Pide también “aclarar las competencias” de cada dicasterio del Vaticano, para acabar con la lentitud y la confusión de los procesos canónicos, así como “agilizar y acelerar el proceso de dimisión del cargo” de los acusados, “donde esté justificado”. Del mismo modo, recalca “la necesidad de estudiar los daños y la política de resarcimiento para promover una aproximación rigurosa a las reparaciones”. De forma ambiciosa, la comisión llega a proponer que el Papa redacte una encíclica específica sobre los abusos y la protección de menores y adultos vulnerables.
La comisión, también formada por víctimas y cuya misión es supervisar la respuesta de la Iglesia al escándalo, ha tardado mucho tiempo en hacer ver el fruto de su trabajo, también por las resistencias internas en la propia Iglesia que, de hecho, llevaron al abandono de alguno de sus miembros de forma polémica. Por esa razón, este documento de 95 páginas, que promete ser anual a partir de ahora, era muy esperado. No incluye cifras de incidencia, aunque promete tenerlas en las próximas entregas, pero señala muchas lagunas y tareas pendientes. La principal, señala, sigue siendo saber la verdad. Incluso para la propia comisión, que pide más transparencia para acceder a la información estadística de la Congregación de Doctrina de la Fe, el organismo disciplinario de la Santa Sede que centraliza los expedientes abiertos.
La comisión pide facilitar el acceso de las víctimas a toda la información de sus casos y de los procesos abiertos, tanto en la Iglesia de cada país como en los organismos vaticanos, e incluso propone crear una especie de defensor de la víctima, un ombudsman. “Estamos muy preocupados por esta dificultad de las víctimas”, ha admitido el cardenal estadounidense Sean Patrick O’Malley, presidente de la comisión, en la rueda de prensa de presentación del informe hoy martes en el Vaticano. “El dicasterio de Doctrina de la Fe dice a las víctimas que se debería ir a la Iglesia local, pero vemos que eso no está funcionando y hemos iniciado esta conversación para ver si podemos iniciar algunas estructuras que puedan ayudar en esto”, explicó. Es decir, de momento es solo una propuesta, dentro de la potestad de la comisión de hacer recomendaciones.
En esta línea, el informe señala “la fragmentación de las responsabilidades” en el laberinto burocrático que afrontan las víctimas, y pide “un protocolo inequívoco y compartido”. Exige igualmente que se agilice la destitución de sacerdotes y religiosos acusados de abusos con procedimientos disciplinares “eficientes”. “Con demasiada frecuencia, en el pasado, los líderes de la Iglesia han tomado decisiones ad hoc, in modo puramente discrecional y sin alguna referencia a parámetros aceptables con una consecuente mala gestión de los casos”, critica la comisión.
El documento es especialmente crítico con cómo se realizan los procedimientos canónicos, “que pueden ser difíciles, lentos e incluso fuente de continua victimización con su tendencia a centrarse sobre todo en las acusaciones y en los culpables más que en las necesidades de las víctimas”. En este sentido, la comisión insiste en “la importancia del resarcimiento”, uno de los puntos de debate ahora mismo en España, aunque subraya que a veces “son incluso más importantes” otros aspectos, como “el reconocimiento de los errores, las excusas públicas y otras formas de verdadera cercanía a las víctimas”.
En concreto, el informe advierte que no se debe mezclar la reparación de las víctimas con la rehabilitación del agresor, algo en lo que a veces la Iglesia ha insistido, casi colocándolos a la misma altura, y que el informe rechaza al hablar de la necesidad de reparación. “Las víctimas/supervivientes no deberían ser obligadas ni manipuladas en encuentros o contactos con los perpetradores, porque su restauración espiritual no es responsabilidad de las víctimas/supervivientes”, detalla el documento.
El informe da los primeros pasos en su misión de auditoría crítica de toda la estructura de la Iglesia, incluidos dicasterios vaticanos, y esto es algo que no se había hecho. Por eso, seguramente en algunos casos levantará ampollas. Da los primeros pasos porque solo incluye análisis del trabajo de algunos países y entidades eclesiásticas: 16 países, dos órdenes religiosas y una organización, Cáritas Internacional. Para recoger información se ha basado en las visitas ad limina, las que hacen los obispos de cada país al Papa cada cinco años, momento en el que la comisión puede reunirse con ellos. Por eso en el informe aparecen solo cuatro conferencias episcopales (México, Colombia, Bélgica y Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón), más otros 12 países africanos. Su pretensión es analizar las 114 conferencias episcopales del mundo, a un ritmo de 15 ó 20 al año, y espera terminar esta radiografía en cinco o seis años. En este primer informe, señala que mientras en algunos países se ha avanzado, otros están “al inicio del ejercicio de asunción de responsabilidades” y, en cambio, en otros hay “una preocupante falta” de respuestas.
En un análisis por continentes y sin citar lugares concretos, en la parte referente a Europa el informe señala que en varios países “se registra una persistente ausencia de estadísticas fiables sobre la entidad de los abusos”. Es lo que sucede en el caso de España, donde la propia Conferencia Episcopal ha admitido “un error muy significativo” en su informe Para dar luz, que se pretendía exhaustivo y en realidad se ha revelado lleno de lagunas. Otros problemas para las víctimas que detecta la comisión son “el estigma social, la falta de mecanismos de denuncia accesibles, la falta de un seguimiento dado a las denuncias, frustración de las víctimas/supervivientes por la gestión de sus casos por parte del sistema canónico”. “Grupos de víctimas refieren que en algunos países la reputación de la Iglesia parece tener prioridad sobre la protección de las víctimas/supervivientes”, concluye el documento.
Juan Carlos Cruz, miembro de la comisión, es víctima de abusos en Chile y uno de los activistas que lideró la denuncia del escándalo en este país, y por eso su punto de vista del trabajo realizado era más relevante en la rueda de prensa. “Yo no estaría en esta comisión ni me creería tanto al papa Francisco, ni al cardenal, ni a la comisión, si de verdad no se estuviera tratando de hacer algo reparador por todos los que han sufrido abusos”, ha explicado.
Cruz no ha dejado de hacer mención a las desilusiones y a los problemas que ha encontrado: “Estos años he visto todas estas resistencias, en la Curia y en la iglesia local, es una de las cosas que más me ha impactado, ha sido una cruz para mí (…) pero sin duda he visto también muchos cambios significativos (...) Sí, ciertamente faltan cosas por hacer, es necesario una gestión cada vez más eficaz, pero también constatamos que ha habido una apertura. (...) El informe no es perfecto, pero es un esfuerzo sincero de querer eliminar esta peste de la Iglesia”. Ha asegurado que “muchas personas están poniendo luz donde otros querrían solo oscuridad” y ha animado a las víctimas a que cuenten sus historias. “La gente se enoja cuando se dice que esto es la punta del iceberg, pero lo es”, ha concluido.
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