La mayor masacre de Colombia en la era Petro: desconocidos asesinan a siete personas en una zona rural a las afueras de Medellín
Las autoridades no han determinado qué grupo armado cometió la masacre en Rionegro, la que más ha dejado víctimas desde septiembre de 2022
Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables de la masacre más sangrienta desde que Gustavo Petro es presidente. El reporte preliminar de la Policía de Antioquia indica que los asesinos fueron al menos diez hombres, que se movilizaban en motocicletas y dos vehículos de alta gama. Huyeron, según esa información, hacia el vecino municipio de Carmen de Viboral, al oriente del departamento. De acuerdo con las autoridades, en la finca donde cometieron la masacre encontraron cartuchos de fusiles de calibre 5,56, como los Galil que fabrica la industria militar colombiana. Se trata de armamento de largo alcance más propio de grupos armados organizados que de bandas criminales locales.
El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, le dijo a EL PAÍS que la masacre ocurrió en una finca campesina, y que las autoridades no encontraron reporte de armas, estupefacientes u otras señales de acciones ilegales en ella. Confirmó que, según la información preliminar, las víctimas eran obreros de construcción, algunos provenientes de La Guajira y otros de Medellín, sin antecedentes judiciales.
El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, convocó a un consejo de seguridad de emergencia en la mañana de este miércoles. Por la gravedad de lo ocurrido, también estuvo presente el gobernador de Antioquia, el uribista Andrés Julián Rendón, y el coronel Edwin Masleider Urrego, comandante nacional de la Dirección de Policía Judicial e Investigación (Dijín). Mientras avanza la investigación, el gobernador ha anunciado una recompensa de hasta 100 millones de pesos (unos 24.400 dólares) para quien entregue información sobre los responsables.
El Clan del Golfo es uno de los grupos que, desde hace dos años, ha buscado pista en las negociaciones que ha liderado el Gobierno de Gustavo Petro bajo la política de paz total, el ambicioso proyecto para lograr acuerdos en paralelo con los principales grupos armados de Colombia. De acuerdo con información del secretario de Seguridad de Antioquia, este grupo armado está llegando al oriente antioqueño, según información de inteligencia. Su cambio de nombre y otras acciones han buscado señalar que se trata no de una banda de crimen organizado, sino de un grupo con finalidades políticas, una definición de la que depende el régimen jurídico por el que se negocia y la posibilidad de lograr más beneficios en un eventual pacto.
El secretario Martínez explica que en el oriente de Antioquia también ha empezado a hacer presencia la sombrilla de bandas criminales conocida como “La Oficina de Envigado”, y que los grupos afiliados a ella también buscan controla el tráfico de estupefacientes, el control del microtráfico. “El microtráfico es un tema álgido en Colombia que nadie ha abordado como se debería, porque ya nos copó y requiere unas medidas operativas y judiciales muy fuertes”, puntualizó el también general retirado de la Policía. Explica que las características de la masacre indican que se trató de una operación planeada por un grupo estructurado y con altas capacidades, pero que por el momento no hay más información.
El departamento de Antioquia, uno de los más ricos y poblados de Colombia, también es uno de los más azotados por la crisis de orden público de los últimos meses. En Segovia y Remedios, municipios mineros del nordeste del departamento, este mismo miércoles surgieron denuncias del secuestro de dos jóvenes. En esa región el control territorial lo disputa el Clan del Golfo con la guerrilla del ELN, esta última en diálogos con el Gobierno, y algunas disidencias de las FARC. Esa misma semana, la Gobernación de Antioquia ya había advertido de la desaparición de otros dos hombres, líderes de la Junta de Acción Comunal de una vereda de Remedios. Pese a que los homicidios han caído un 7,5% en lo que va de este año en contraste con el mismo periodo de 2023, según cifras de la Secretaría de Seguridad, en el Bajo Cauca han aumentado un 50% y en el Nordeste un 55,6%.
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