El Dapre ha asignado a dedo 8 de cada 10 contratos, y a dedo quiere Petro manejar el
Mauricio Vargas
25 de febrero de 2024
De manera arbitraria y contra la opinión de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, en septiembre el hoy suspendido canciller Álvaro Leyva determinó que fuese declarada desierta la licitación para la fabricación de pasaportes. En ese entonces, el presidente Gustavo Petro salió a respaldarlo con un argumento que sonaba bonito: “En mi gobierno –escribió en unos de sus habituales trinos– no tendremos licitaciones con un proponente. La lucha contra la corrupción va en serio”.
Era evidente la referencia a que, en la licitación de pasaportes, el único proponente que resultó debidamente calificado fue la compañía Thomas Greg & Sons, propiedad de una firma británica y de sus socios colombianos (la familia Bautista), que durante décadas ha sido reconocida por su experiencia y su probada eficacia en la fabricación de documentos.
Por causa de la arbitrariedad de su decisión, Leyva fue suspendido del cargo por la Procuraduría, y ahora el país se enfrenta a una costosísima demanda de la firma, que, desde el punto de vista legal, había cumplido con todos los requisitos para quedarse con la adjudicación.
Pero el argumento de Petro resonó entre sus seguidores, que repitieron el cuento de cómo él y su canciller estaban luchando contra la corrupción al evitar que los contratos públicos fueran a dar al ganador de procesos de contratación en los que resultase apto un solo proponente.
Sin embargo, hay evidencia de lo poco que respetan, desde lo más alto del Gobierno, el cacareado principio de no adjudicar a un solo proponente. Un completo informe de EL TIEMPO este viernes dio cuenta de la forma como, en la mismísima Casa de Nariño, la contratación a dedo no es excepción sino regla.
De 759 contratos firmados por el Dapre (el departamento administrativo que maneja la Presidencia de la República), 559 han sido asignados a dedo, por vía de contratación directa. Son casi $ 80.000 millones, de los $ 163.000 millones asignados desde el 7 de agosto de 2022, cuando Petro se instaló en el Palacio. Allí donde el Presidente despacha y manda, sus subalternos han hecho del dedazo contractual la modalidad predominante.
La predilección del alto Gobierno por el dedazo se extiende a otros campos. Después de pasar por encima de respetados técnicos y funcionarios conocedores de los complejos asuntos del presupuesto, e incluso de la renuncia de la responsable de ese tema en el Minhacienda, Claudia Numa, Petro firmó un decreto por medio del cual, en el más autocrático estilo, se autofaculta para cambiar la destinación de importantes rubros del presupuesto de 2024, que resultó aprobado por el Congreso.
Si el Consejo de Estado y la Corte Constitucional cumplen con su tarea, el decreto debería ser derogado muy pronto: parece reñir de manera flagrante con la carta de 1991, así como con el principio de separación de poderes, que pone en cabeza de las cámaras legislativas la decisión de hacia dónde van los gastos y la inversión del Gobierno Nacional.
En uno de mis análisis internacionales de los miércoles en este diario, hace poco conté cómo, a inicios de siglo, Hugo Chávez adoptó medidas similares para manejar el presupuesto a su antojo, por intermedio de fondos especiales nutridos con la bonanza petrolera.
De ese modo empezó el gigantesco saqueo chavista que ha dejado a Venezuela en la postración económica. Al igual que a Petro, a Chávez le incomodaban los rigores de la ley presupuestal que le impedían disponer a dedo de la plata de sus compatriotas. Casi un cuarto de siglo después, Petro sigue el mal ejemplo.
Aparte de lucir como una clara violación de la Constitución y de significar una descarada burla al Congreso, el dedazo presupuestal que Petro acaba de inventar confirma plenamente que el trino del Presidente en septiembre, en defensa del Canciller y de una supuesta lucha contra la corrupción, era puro blablablá.
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