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| Feyisa Lilesa, el atleta etíope que obtuvo la medalla de plata en el maratón olímpico de Río de Janeiro. |
El conflicto que hay detrás de la plata del etíope Lilesa
La lucha de los oromo por preservar sus tierras, representada por Feliya Lilesa en el maratón de Río, deriva en una represión policial con más de un millar de muertos en el último año
El Gobierno ha bloqueado el acceso a Internet en los momentos de mayor tensión.
La constitución etíope considera todas las tierras del país como propiedad del Estado y califica a sus ocupantes de inquilinos.
Madrid 23 AGO 2016 - 12:39 COT
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| Feyisa Lilesa |
Feyisa Lilesa, el atleta etíope que obtuvo la medalla de plata en el maratón olímpico de Río de Janeiro, expresó, este lunes, su voluntad de permanecer en Brasil ante el temor de regresar a su país. Lilesa, de 26 años, empleó su momento de gloria para denunciar, ante millones de telespectadores, la grave situación de su grupo étnico, los oromo, el más numeroso de Etiopía. El corredor alzó los brazos en forma de cruz por encima de su cabeza, un gesto que representa las protestas de su pueblo, marginado política y económicamente, contra el Gobierno etíope. El reglamento olímpico prohíbe explícitamente los gestos o protestas con connotación política.
La etnia oromo — con más de 30 millones de habitantes entre Etiopía, Kenia y Somalia— comenzó el noviembre pasado unas manifestaciones contra el Gobierno que desde entonces se han saldado con la muerte de más de un millar de personas por la brutal represión policial. Los oromo se concentran en la región de Oromia, la más grande— con una superficie similar a la mitad de España— y poblada de Etiopía, el segundo país con más habitantes del continente (99 millones). "Los oromo han sido sistemáticamente avasallados y discriminados desde que llegara al poder el rey Menelik II, a finales del siglo XIX", asegura Mario Aguilar, director del centro de estudio de religión y política en la Universidad de St. Andrews (Escocia).
Las protestas del año pasado se desencadenaron a raíz de la aprobación de un plan urbanístico para ampliar y modernizar la capital del país, Adis Abeba— centro diplomático del continente—. La región de Oromia rodea la metrópoli, por lo que su expansión implicaba la expropiación forzosa de los agricultores y ganaderos oromo. La constitución etíope considera todas las tierras del país como propiedad del Estado y califica a sus ocupantes de inquilinos. Las manifestaciones en contra del proyecto urbanístico se extendieron a más de 200 pueblos y ciudades de mayoría oroma. La fuerte represión policial y los centenares de muertos forzaron al Gobierno de Hailemariam Desalegn— en el poder desde 2012— a retractarse y suspender la ejecución del plan, tras una reunión de urgencia de tres días celebrada en enero. Esta medida sofocó temporalmente las revueltas, pero éstas volvieron a resurgir a principios de agosto, costando la vida a más de 400 personas según Human Rights Watch, aunque Reuters y otras agencias de noticias no pudieron contrastar la cifra.
Decenas de periodistas, blogueros, disidentes o activistas han sido condenados bajo la ley antiterrorista promulgada en 2009. Esta misma legislación es la que el Gobierno de Desalegn ha utilizado para encarcelar a los que protestan contra la confiscación de las tierras de los oromo, a los que se acusa de "terrorismo". El Gobierno ha bloqueado el acceso a Internet en los momentos de mayor tensión.
"La mano dura ejercida por las fuerzas de seguridad ya no sorprende. La represión policial se ha utilizado durante décadas de manera sistemática en Etiopía para reprimir a cualquier voz disidente", asegura Michelle Kagari, la responsable de Amnistía Internacional en el Cuerno de África. Esta etnia no es la única que ha sufrido la represión del Gobierno central en los últimos meses. Las revueltas se extendieron a los pueblos de mayoría amhara, una etnia que representa el 27% de la población etíope y que acumula unas reivindicaciones históricas muy similares a las de los oromo.
La coalición en el Gobierno obtuvo los 547 escaños en disputa en las elecciones del pasado año. La ausencia de voces críticas y de observadores internacionales propiciaron que los gobernantes obtuvieran el control absoluto de la Asamblea Federal. El poder político del país reside en el pueblo tigray, una etnia que solo representa el 6% de la población del país y que se concentra en el norte, en la zona fronteriza con Sudán y Eritrea.
El desarrollo económico de Etiopía —con un crecimiento anual del PIB en torno al 10% en los últimos años— lo convierte en uno de los países más prósperos del Cuerno de África. Sin embargo, esa progresión no ha repercutido en Oromia y Amhara, las dos regiones que producen más del 70% de los productos agrícolas y ganaderos del país.
La Unión Europea y Naciones Unidas han condenado públicamente la represión ejercida en los últimos meses sobre los oromo y los amhara, y han abogado por el envío de un grupo de observadores internacionales. Estados Unidos lo denunció de manera más tibia. El Gobierno etíope es un firme aliado de las potencias occidentales que tratan de frenar la violencia yihadista en el Cuerno de África, principalmente la ejercida por la milicia somalí Al Shabab.
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