Empresarios en la impunidad
Condenados y de fiesta en Miami
Por Norbery Quevedo H.
El Espectador, 11 de febrero de 2012
Álvaro y Jorge Lloreda tienen vigente pena de prisión de nueve años, pero no la cumplen.
Jorge Lloreda Garcés en compañía de dos invitadas al mismo evento.
A mediados de diciembre pasado y en una pomposa
ceremonia se llevó a cabo un publicitado matrimonio en Miami. Hacia las seis de
la tarde, en la mansión del edificio Santa María de la Ciudad del Sol,
contrajeron nupcias Carlos Jaramillo Madero y Marjorie Silebi Montero. Al evento
asistieron más de cien invitados del jet set del sur de la Florida, y al son de
las copas y un acreditado DJ, dos hombres de negocios condenados por la justicia
en Colombia dentro del sonado escándalo de Foncolpuertos disfrutaron el
evento.
Se trata de los empresarios Álvaro José Lloreda y su
hijo Jorge Alberto Lloreda Garcés, quienes fueron condenados el 28 de febrero de
2007 por el juez segundo de Descongestión de Penas de Bogotá. El operador
judicial los sentenció a una pena de nueve años y medio de cárcel y una multa de
$13.000 millones.
La historia comenzó hace más de dos décadas, cuando
el gobierno del presidente César Gaviria tomó la decisión de liquidar la empresa
Puertos de Colombia y crear un fondo que se conoció como Foncolpuertos. A través
de él, el Ejecutivo buscaba atender las reclamaciones laborales de cerca de 18
mil trabajadores portuarios.
Está documentado que a partir de ese momento se
incubó uno de los casos de corrupción más sonados en la historia del país.
Cientos de pensionados, abogados y funcionarios públicos, según la justicia, se
concertaron, y mediante procedimientos indebidos lograron que los jueces les
reconocieran millonarias pensiones o indemnizaciones que quedaron protocolizadas
a través de sentencias y actas de conciliación. Según registros oficiales, el
fraude al Estado llegó a cuantificarse en tres billones de pesos.
Con cifras astronómicas y la necesidad de los
trabajadores de tener dinero contante y sonante, porque se les reconocía la
deuda a través de títulos valores, aparecieron entidades financieras. La
Fiduciaria del Pacífico, por ejemplo, pescó en río revuelto y le compró sus
deudas a muchos extrabajadores de Foncolpuertos a un precio inferior.
Como se trataba de papeles oficiales, todos
coincidían en que su pago estaba garantizado. Por eso, la fiduciaria presidida
por Jorge Alberto Lloreda, al igual que la Corporación Financiera del Pacífico
(Corfipacífico), de propiedad de Álvaro José Lloreda, los adquirieron y luego
vendieron al Fondo de Inversión de Cali, Bancali, adscrito a la Alcaldía de la
capital del Valle.
El 28 de diciembre de 1998 Bancali le pagó $13.000
millones por los títulos a Corfipacífico, en momentos en que la Superintendencia
Financiera la tenía en la mira por una crisis de iliquidez. Pero en 1999 las
autoridades detectaron que muchos de los pagos pensionales eran fraudulentos y
empezaron a suspender los giros. Bancali entró en liquidación y a Álvaro Lloreda
y su hijo Jorge se les procesó y condenó por vender los títulos a una entidad
pública a sabiendas del riesgo que existía de no poderlas cobrar.
En concreto, la jueza del caso argumentó en su
sentencia que una semana antes de la operación, Foncolpuertos definió no pagar;
que Fidupacífico debía saber que algunas conciliaciones eran falsas, y que había
urgencia para que la entidad se capitalizara. Según el fallo, sabían que los
mandamientos de pago estaban en líos y pese a ello se los vendieron a
Bancali.
Sin embargo, mientras se tomaban las decisiones
judiciales, el 14 de febrero de 2008 la Fiscalía ordenó la captura de los
empresarios. Pero para las autoridades fue tarde porque los Lloreda ya habían
decidido hacer vida en Estados Unidos.
Al respecto su abogado, Yesid Reyes, señaló que el
argumento principal que su cliente, Álvaro José Lloreda, le expuso en su momento
para tomar la decisión de trasladarse al extranjero fue que había mucha presión
mediática y falta de garantías en el proceso. “Yo siempre les insisto a mis
clientes en la necesidad de presentarse a responder ante la justicia, pero esa
fue su decisión personal”, destacó el penalista.
Han pasado cuatro años desde que la Fiscalía ordenó
la captura de los Lloreda y por ninguna parte aparece una solicitud de
extradición para que respondan por su condena, ratificada por todas las
instancias judiciales pertinentes. En contra suya la Interpol no ha expedido
circular roja alguna que facilite su detención en cualquier país y los $13 mil
millones están prácticamente perdidos.
No obstante, el panorama para padre e hijo es mucho
más halagador que cumplir una pena en una fría cárcel colombiana. El Espectador
conoció que viven en Miami en el apartamento 23-H del edificio Casa del Mar, en
Key Biscayne (Florida). Entre tanto, en los altos círculos de Cali se comenta
que están construyendo una mansión en un exclusivo sector de la capital
vallecaucana conocido como la parcelación La Finca, en Pance.
Socialmente, Álvaro José y Jorge Alberto Lloreda
también tienen un panorama alentador en Miami. Son invitados frecuentes en
reuniones sociales en la capital de la Florida. En eventos como el de mediados
de diciembre, en el que fueron los participantes de honor en una romántica,
alegre y rumbera celebración matrimonial.
El otro protagonista del caso
Lloreda
Dentro del caso Fidupacífico y Corfipacífico y los
negocios de títulos de Foncolpuertos vendidos a Bancali, además de Álvaro José y
Jorge Alberto Lloreda, fue cuestionado por las autoridades judiciales David
Toledo Esquenazi, un administrador de empresas que se desempeñó desde el primero
de enero de 1998 como gerente general del referido fondo. El 16 de julio de 2004
el ente investigador profirió resolución de acusación contra Toledo como autor
responsable del delito de peculado por apropiación en favor de terceros en
concurso con falsedad ideológica en documento público agravado. El 24 de mayo de
2010 la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exdirectivo y lo condenó
a pagar cerca de $14 mil millones. “Toledo no solamente sabía de estas
irregularidades dada su experiencia financiera, sino que a pesar de ello orientó
su gestión a llevar a cabo las operaciones fraudulentas”, expresó la Corte.
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