El cinismo de Cepeda

Pretende enlodar a sus contradictores para ocultar el fondo del problema: durante el gobierno Petro, el Estado retrocedió y avanzaron los criminales.

Viviana Morales Hoyos
27 de abril de 2026

El cinismo de Iván Cepeda no tiene límites.

Atreverse a sugerir que la masacre de hombres y mujeres del pueblo, ocurrida en Cajibío, Cauca, puede ser atribuida al interés político de sus adversarios electorales no es una simple torpeza de campaña. Es una afirmación moralmente criminal. Es el intento de convertir una tragedia nacional en instrumento de propaganda. Es la degradación absoluta del debate público.

Aquí nadie se llama a engaños. Los asesinos que perpetraron esa masacre pertenecen a la estirpe criminal de las Farc. Son hijos de esa violencia que nunca se desmovilizó del todo, que cambió de siglas, de mandos, de rutas y de negocios, pero no de naturaleza. Son estructuras armadas que han vivido del narcotráfico, del control territorial, de la extorsión, del miedo y del sometimiento de comunidades enteras.

Y frente a esa realidad, Iván Cepeda no puede posar ahora como observador inocente. Él ha sido uno de los grandes defensores políticos de la narrativa que terminó protegiendo a esos sectores. Ha sido uno de los arquitectos ideológicos de la llamada Paz Total. Y esa ‘paz total’, que el país ya padece en carne propia, no ha sido una política de paz. Ha sido una estrategia de entrega territorial.

Lo que ocurrió en Cajibío no puede reducirse a un hecho aislado ni a una discusión electoral. Esa es precisamente la trampa. Cepeda pretende enlodar a sus contradictores para ocultar el fondo del problema: durante el gobierno de Gustavo Petro, el Estado colombiano retrocedió en amplias zonas del territorio nacional, mientras las organizaciones criminales avanzaron, reclutaron, extorsionaron y asesinaron.

La llamada Paz Total no fracasó. No fue una buena intención mal ejecutada. Fue una concepción perversa del Estado, de la ley y de la democracia. Fue la idea según la cual el poder legítimo podía sentarse a negociar con todos los poderes criminales al mismo tiempo, mientras se debilitaba la autoridad de la Fuerza Pública y se confundía la paz con la claudicación.

Cuando un gobierno convierte la paz en coartada para debilitar al Estado de derecho y poner en riesgo la vida de los colombianos, estamos ante algo mucho más grave que una mala política pública.

El resultado está a la vista: territorios sometidos, comunidades abandonadas, economías ilegales fortalecidas, niños reclutados, líderes amenazados, carreteras convertidas en corredores del terror y ciudadanos humildes pagando con su vida los experimentos ideológicos de un gobierno al que no le interesaba entender que sin autoridad no hay paz, y sin Estado no hay democracia.

Por eso Cajibío no es solamente una tragedia. Cajibío es una acusación histórica. Acusa a los criminales que pusieron los explosivos. Pero también acusa a quienes, desde el poder, crearon las condiciones políticas para que esas estructuras se sintieran autorizadas a expandirse, desafiar al Estado y someter a la población civil.

Iván Cepeda se equivoca si cree que puede trasladar esa responsabilidad a sus adversarios. Se equivoca si cree que el dolor de las víctimas puede convertirse en una pieza más de su campaña. Y se equivoca, sobre todo, si cree que esta discusión terminará el día de las elecciones.

Esta estrategia contra la democracia será derrotada electoralmente. Pero también deberá ser sometida al juicio político e histórico que corresponde. Porque lo que está en juego no es solo quién gana una elección. Lo que está en juego es si Colombia acepta que desde la Presidencia se haya abusado del poder para desmontar la autoridad legítima del Estado, destruir la arquitectura institucional y abrirles espacio a los poderes armados ilegales. Esta es una tesis fundamental de la defensa de la patria.

Porque cuando un gobierno convierte la paz en coartada para debilitar al Estado de derecho, entregar territorios al crimen y poner en riesgo la vida de los colombianos, estamos ante algo mucho más grave que una mala política pública.

Estamos ante una traición a la patria democrática.

EL TIEMPO

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